Un informe de la Oficina de la Contralora reveló desviaciones de ley y de reglamentación en el proceso de cierre o consolidación de escuelas en la Región Educativa de Humacao.

De acuerdo con la auditoría, de una muestra de las 84 escuelas consolidadas se encontró, que luego de estar cerradas hasta por más de un año, todavía tenían conectados uno o ambos servicios de agua y energía electrica. Por estos servicios el DE había pagado $167,747 al 8 de noviembre de 2018.

Para la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el anuncio no fue sorpresiva pues 'nosotros lo denunciamos muchas veces y de forma pública expresamos que esos cierres y consolidaciones de escuelas se llevaron a cabo de manera atropellada e insensata, tanto en la administración pasada como en esta administración'.

'Hoy la Contralora de Puerto Rico nos da la razón y la AMPR lo evidenció en la Comisión de Derechos Civiles y demostramos que el DE falló en todos los procesos. Cuando fuimos a los tribunales, la secretaria Keleher llevó su reclamo al Supremo para desautorizar las sentencias dictadas por los tribunales regionales. Con esta noticia se ratifica que nuestros reclamos eran autenticos, aunque estamos claros que estos hallazgos no recogen el daño sufrido por la comunidad escolar, en especial los estudiantes', expresó AMPR en declaraciones escritas.

La auditoría de un hallazgo señala que una de las escuelas mantenía dos cuentas bancarias abiertas por $11,990.

Esta situación es contraria a las Directrices para el Cierre de las Cuentas Bancarias de las Escuelas Intermedias Incluidas en el Rediseño y Consolidación emitida el 2 de junio de 2017.

'Nuestros auditores observaron la falta de protección a la propiedad pública y a los documentos que contienen información sensitiva. Por ejemplo, tres escuelas cerradas habían sido vandalizadas e invadidas; una de ellas, cercada con alambres, tenía ganado y un caballo en el patio (ver Anejo 1)', dice el informe.

'Otras escuelas cerradas tenían equipo como laptops, impresoras, televisores, pizarras electrónicas, equipos de laboratorio, y otros abandonados y sin cuantificar (ver Anejo 2 del informe). Una de las escuelas (ver Anejo 3 del informe), mantenía los expedientes de estudiantes y del personal con datos sensitivos como números de telefono y de seguro social, nombres, direcciones y, diagnósticos y tratamientos de estudiantes de educación especial', agrega.

El Departamento de Educación no había actualizado en el Sistema de Información Financiera (SIFDE), el inventario de seis escuelas cerradas a pesar de haber transcurrido más de 10 meses desde sus cierres. Estas escuelas tenían registrado en el SIFDE, 4,938 unidades de propiedad por $725,621. Esta situación ocasiona que el inventario de la propiedad este sobrevalorado.

Contrario a la reglamentación vigente, la escuela Fernando Roig en Las Piedras, designada como Centro para conservar los expedientes, tambien conocido como centro de record, no tenía un sistema de clasificación y archivo de documentos.

El Centro no cuenta con inventario de documentos, ni personal para realizar las funciones de un archivero. Los expedientes estaban en cajas colocadas en el piso, algunos con acumulación de hongos y polvo en suelos inundados, según el informe.

'Las situaciones comentadas en el Informe obedecieron a que los directores escolares no cumplieron con su responsabilidad y a que las Cartas Circulares del año fiscal 2018 no contaban con disposiciones claras sobre los procesos de cierre y consolidación de escuelas', dijo la Contralora, Yesmín Valdivieso.

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre estas operaciones fiscales de la Región Educativa de Humacao del Departamento de Educación (DE). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Este primer informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018.

Puede leer el informe aquí.