Hay personas que pueden mirar hondo hacia el futuro, más allá del horizonte y avizorar lo que viene. Este artículo no trata de esa capacidad tan escasa de poder mirar hondo, longitudinalmente y ver más allá. Trataremos la vista larga como una fea forma de hacer --más bien de no hacer--, como modo de no querer ver, como un metodo para encubrir, como una forma de incumplir con el deber, como una forma de consentimiento al mal y como una herramienta de complicidad.

Hacerse de la vista larga es un hábito que practica demasiada gente en el mundo y Puerto Rico no es la excepción. No nos referimos a su vertiente monga de ser hiper-flexible o demasiado laxo, o a la modalidad criolla de ser adictos al ¡ay bendito¡ --que nos salva y nos condena-- de aplicarlo al juicio sobre casi cualquier transgresión que se le antoje a uno considerar venial o de poca monta.

Me refiero con la vista larga, a un desenfado rayano en desafuero, a un desden por ocuparse de evitar que se haga el mal, hablo de la displicencia y del modo superlativo de dejar hacer y de dejar pasar aunque un rayo nos parta. Se trata de la renuncia y el rechazo absoluto a la más mínima noción de colaborar hacia el Bien Común.

Abundan aquí --en Puerto Rico-- los que se hacen de la vista larga. Los hay de muchos tipos: los que son simplemente negligentes, los 'apestados de la vida' cínicos, los aspirantes a corruptos, los prebendarios, los del 'hoy por ti, mañana por mí', los que se dedican a abusar, los que degradan el servicio público o la mera noción de servir, los practicantes activistas del hábilto de la inconsciencia, los que son voluntariamente ignorantes --que no quieren saber para no enterarse-- los que son simplemente ignorantes, y aquellos a quienes no les importa un bledo, un comino o pepino lo malo que pase, las consecuencias dañinas si no es directamente a ellos…

Detrás de cada trama corrupta y de cada acto de sabotaje a la honradez y al Bien Común, hay una o varias personas que han permitido, consentido, o que le han dado paso a lo que está mal haciendose de la vista larga o propiciándola.

Tomemos dos casos judiciales de corrupción recientes --determinados judicialmente-- y otro, que con el que se podría estar abriendo las puertas --negligente o inconscientemente-- a la corrupción.

I - La trama Sosa Suárez:

Este experto en cuentas y Director de Finanzas de la campaña del entonces candidato a la gobernación Dr. David Bernier; según las acusaciones, ensambló junto a otros compinches una estructura de influencias, contratos y facturas infladas que sumó un fraude de 10 millones de dólares.

Arrimado o hermanado a líderes de la administración pasada, se valió de hábiles recursos y contactos, para poner en marcha y ejecutar su voraz corruptela. Nada como la proximidad al presidente de un partido político en la jefatura de gobierno, para conseguir favores y guiños de terceras personas prestas a complacer a quien está bien conectado. Estoy seguro que un examen del coeficiente de inteligencia nos mostraría a un Sosa Suárez con uno muy superior. Tristemente, la suma de sus inteligencias se ha reducido a cero. Hay una inteligencia de la que no se habla, que probablemente no este entre la docena de tipos de inteligencia que se estudian, que es la inteligencia de honestidad y de amor al prójimo, en la que este personaje 'SS' fracasó.

Este señor de la influencia, heredero, seguidor o maestro, da igual, del corrupto-convicto Lutgardo, ambicionaba apropiarse de tanto dinero, que en previsión acumulativa mandó a hacer una cavidad --'clavo'-- en una de sus propiedades, para guardar y amasar su fortuna mal habida.

¿Cuántas vistas largas --negligentes a la hora de supervisar, evaluar, seleccionar, escoger, administrar-- o cuántos cómplices fueron necesarios para que 'SS' (Sosa Suárez) armase su aparato corrupto? ¿De cuántas y de cuáles influencias se habrá valido para servirse en lugar de servir, para corromper en lugar de depurar, para hacer el mal, en lugar de hacer el bien? ¿A cuántos corrompió, a cuántos decepcionó? ¿De cuál propósito noble se valió para su ardid este ladrón?

Si no fuese tan trágico, esta parte de su historia --¿quien sabe si habrá otras?-- podría servir esta historia para hacer un perfecto guión para nuestra desmantelada industria fílmica. De hecho, parte de la trama corrupta de Sosa involucraba producir y filmar unos programas a precio inflado, según se alega.

II - La Bravo-trama:

Este es un caso de soborno que duele por muchas razones: trata de la corrupción en el mundo legislativo e involucra a un exsenador que arrastrado por las circunstancias ha maltrecho su vida con la que pudo haber dado tanto al país y al prójimo. Hay sin embargo, agazapado y metido en las entrañas de esta trama, otro exsenador de prácticas y afanes corruptos, cuyo apetito por el poder y avaricia arrojó por un sumidero a todo el cuerpo senatorial. El lodazal creado --quien sabe si con el auxilio de muchos que se hicieron de la vista larga-- lo llevó a crear un 'peaje legislativo'. Ese exsenador corrupto-convicto metido ahora a comentarista sin credenciales intelectuales --pero ahora mediáticamente sabihondo-- tenía excelsos clientes empresariales y comerciales que lo mantenían en nómina para favorecer y aprobar legislación o para bloquearla. La práctica del peaje De Castro Font sirve de telón de fondo para el examen de la Bravo-trama.

En esta ocasión 'What happens in Vegas…' no se quedó en Las Vegas. Un cachete boxístico ha terminado en una de las travesías judiciales más largas: distrito federal, circuito de apelaciones de Boston, Tribunal Supremo de los EEUU, idas y retornos, juicio nuevo, convicción y sentencia.

El personaje principal y agente causal de estas dos tramas 'SS' y 'Bravo-trama' es la vista larga.

En el caso de Sosa Suárez, dice la prensa que defensa y fiscalía han acordado que el ministerio público recomiende una sentencia de entre 51 y 63 meses de prisión. En la Bravo-trama la sentencia ya impuesta es de cuatro años de cárcel.

El crimen y el castigo encierran una enorme paradoja: ¿Cómo el dolor humano personal, familiar y de los allegados al convicto puede ayudar a curar o subsanar la lesión social provocada? ¿Sirve el castigo al convicto como forma de evitar que este reincida o que otros sigan su camino? ¿Sirve la cárcel para hacer ver a la sociedad lo terrible de la lesión y el daño causado?

Desde el largo periodo en el cual me tocó investigar o denunciar actos de corrupción en la Cámara de Representantes, siempre he sentido un profundo dolor de corazón por el daño institucional y el daño auto-infringido por quienes siguen la ruta de la codicia y del pillaje. Duele más cuando uno conoce a los convictos o cuando una profunda liviandad o ligereza de juicio ha estado presente e involucrado al actor u omitente en el cumplimiento del deber.

Se nota a leguas, la carencia de una política pública coherente y de parámetros adecuados para permitir, aceptar, dar curso competitivo, hacer avalúo adecuado, establecer condiciones y disponer del uso, usufructo o propiedad pública.

Duele todavía más cuando uno mismo ha estado preso --por razones diferenciables, Vieques-- conociendo las privaciones vitales y familiares que el confinamiento supone. Sin embargo, duele todavía mucho más, el daño que se le hace a la confianza y a la esperanza en las instituciones, el daño a la credibilidad, a la gobernanza y a la ilusión democrática.

III - El cierre y disposición de las 283 escuelas y de las más de 100 escuelas cerradas del pasado cuatrienio:

La discreción absoluta o casi absoluta --de una persona o colegiadamente-- para disponer de los bienes del Pueblo, abre de par en par las puertas a la especulación que puede dar paso a la corrupción. El caso de la disposición de cientos de escuelas públicas, sólo superado en Puerto Rico por la venta de los CDT´s a precios de pescado abombado, o a quemazón hace dos decadas; puede convertirse en la próxima cancha para la dilapidación de parte del patrimonio invertido en infraestructura por los puertorriqueños durante decadas. Mucho del dinero utilizado para estas inversiones --al igual que los CDT´s que se vendieron-- se tomó a prestamo mediante emisiones de bonos y en algunos casos se debe parte aún.

Visto desde la distancia, en el proceso de disponer por alquiler o por venta de las escuelas --al margen del dislate mayor que supone cerrar una sola escuela-- se nota a leguas, la carencia de una política pública coherente y de parámetros adecuados para permitir, aceptar, dar curso competitivo, hacer avalúo adecuado, establecer condiciones y disponer del uso, usufructo o propiedad pública. La investigación realizada por la periodista Wilma Maldonado Arrigoitia publicada en El Nuevo Día, la semana pasada hace patente la torpeza o improvisación en esta liquidación por venta y alquiler de las escuelas cerradas el cuatrienio pasado. Otras 283 se sumarán a la lista este año.

Para cualquier observador imparcial, está claro que existe una carencia notable de información aun entre las personas que están decidiendo sobre estas transacciones. Cualquier persona razonable coincidirá en que no se dispone así nada más de propiedades, menos aún, si son escuelas --sin tener todos los datos a la mano, ni sin fijar un precio justo y cónsono con el valor en el mercado, a excepción de considerar el aprovechamiento social-- de edificas públicos con el pretexto de que es 'para evitar que se conviertan en hospitalillos'. Vender por un dólar , no sería distinto a alquilar por el mismo precio, máxime si resulta en un arrendamiento por un número multiplicado de años.

La excusa o pretexto esgrimido--el de los hospitalillos-- es además un bochorno, una confesión de quiebra administrativa, de quiebra en la seguridad pública, en la salud y en las ideas.

Por supuesto que la conservación y utilización sana de las escuelas tiene que ser un objetivo, pero no puede erigirse en justificación para alquilarlas a dólar al año.

Cabe preguntarse:

1) ¿Que criterios y salvaguardas competitivas se aprobaron para aceptar propuestas, ofertas o proyectos de potenciales inquilinos o compradores?

2) ¿Dónde están esos criterios y cómo se invitó abiertamente a participar?

3) ¿Cúales son las propiedades involucradas?

4) ¿Que grado de participación se da a las comunidades y a las personas de carne y hueso que allí residen para participar y competir?

5) ¿ A cuáles organizaciones comunitarias, no gubernamentales y sin fines de lucro se les ha ofrecido la oportunidad de acudir y concurrir?

6) ¿Que coordinación participativa real tenemos los ciudadanos y los entes gubernativos para aunar esfuerzos y recursos para propiciar el Bien Común y la promoción de proyectos que sean productivos social y económicamente?

7) ¿Existe una política pública legislada sobre este asunto y cuál es?

8) ¿Que garantías hay para asegurar el cumplimiento de la disposición constitucional que mandata la utilización de recursos públicos para fines públicos y siempre por mandato de ley?

9) ¿Cuáles son los mecanismos de avalúo de la propiedad de las escuelas y del aprovechamiento social?

10) ¿Hay tasaciones?

11) ¿Que mecanismos de aseguramiento y de recuperación regirían a las propiedades de las cuales se haya dispuesto conforme al objetivo del Bien Común y las garantías necesarias?

12) ¿ Se habrá tomado en cuenta el valor histórico, presente, real y potencial futuro de las escuelas como centro físico y social de la vida comunitaria?

Examínense estas preguntas, verifíquese si no se están creando múltiples instancias para que corruptos presentes y futuros puedan hacerse de la vista larga y hacer fiesta.

Hay un hilo conductor en los casos emblemáticos de la pasada semana --la trama Sosa Suárez y la Bravo-trama-- con este caso del cierre y liquidación de las propiedades de las escuelas. Se trata de falta de criterios adecuados, la falta de transparencia, la falta de evaluación y supervisión y la falta de participación real ciudadana en los procesos gubernativos.

Si fuese una de las personas que debe avalar o recomendar la venta, o el alquiler de escuelas públicas, me aseguraría de contar con la opinión experta --interna y externa-- de peritos legales y de tasadores antes de refrendar nada. Dicho sea de paso, no hacer tasación por falta de recursos o para ahorrar, nunca será un criterio que legalice la cesión de una propiedad a precio nominal, o su uso vía alquiler, por un precio risible, salvo que medien otras circunstancias, para lo que es altamente recomendable contar con autorización expresa y específica legislativa. Sobre la cesión de cada una de estas propiedades o de su usufructo parcial, temporal, total o permanentemente --si es que se justificó realmente su cierre-- deberían habilitarse procedimientos de consulta y de vistas públicas. De los que deberían surgir informes individualizados detallados, y autorizarse --si es que se justifica alguna-- la disposición mediante el mecanismo de Resolución Conjunta aprobada por ambas cámaras y refrendada por el Ejecutivo. No debiera autorizarse legislativamente de manera generica esta disposición patrimonial masiva, no sólo porque podrían levantarse dudas de si se está cumpliendo realmente con el criterio constitucional, sino por lo que resulta igual o más importante, la carencia de razones específicas más allá de cambios demográficos incidentales.

Si para ponerle nombre a una escuela, hay que pasar por un proceso legislativo formal y detallado.. ¿Cómo es que para venderla o alquilarla a $1 anual, se podrá hacer así, sin nada más? Simple lógica, ¿verdad? Ojo con hacerse de la vista larga.

*El autor es exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño y asesor en legislación y administración gubernamental.