La Asociación de Maestros de Puerto Rico, su Local Sindical y la American Federation of Teachers (AFT) unión internacional a la que están afiliadas, se han unido a la lucha legal del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares contra la Junta de Control Fiscal (JCF), trascendió el miercoles.

'Tanto el magisterio, como el resto de los empleados públicos apoyamos la decisión del Gobernador de no imponer la reducción de jornada laboral, ni la reducción en las pensiones de los trabajadores del sector público. Si lo que la JCF propone se concretara sería nefasto porque traerá un empobrecimiento definitivo en muchos hogares puertorriqueños. Nadie en la Junta quiere hablar sobre el impacto devastador que esto tendrá en las escuelas y en las comunidades', afirmó Aida Diaz, presidenta de la AMPR en declaraciones escritas.

Explicó que, el mes pasado, la JCF demandó al Gobernador ante el Tribunal de Quiebra Federal, por no implantar la reducción de jornada laboral a los maestros y al resto de los empleados públicos, ni la reducción de pensiones a los retirados del Sistema de Retiro para Maestros del gobierno central y la judicatura.

La imposición de austeridad a los maestros y a otros empleados públicos los obliga a quedarse en la casa sin paga, negando a los niños y a las comunidades los servicios esenciales. Los recortes de pensiones crearían una situación de emergencia, en particular a los maestros, al reducirles el único ingreso que reciben porque no tienen seguro social.

Es por eso, que el martes, tanto la AMPR, su Local Sindical y la AFT presentaron una moción solicitando intervenir en la demanda.

Díaz expresó que existen otras recomendaciones que se pueden considerar antes de tomar decisiones que puedan afectar directamente al trabajador público. Entre estas, resaltó las sugeridas por la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

'Ellos plantean que el 93 por ciento de los economistas favorecen que se eliminen los subsidios e incentivos a empresas que no crean empleos, y el 78 por ciento favorece que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo, entre otras recomendaciones que entiendo son factibles en estos momentos', puntualizó Diaz.

La AMPR tiene interes primordial en esta demanda porque su membresía se compone de maestros activos y retirados que no cuentan con un seguro social. 'Una reducción en sus pensiones y en el salario de los activos sería catastrófico'.

Por su parte, Randi Weingarten, presidenta de la AFT dijo 'el Gobernador tiene razón al rechazar las demandas cínicas e irresponsables de la JCF, pues la crisis de la deuda de Puerto Rico no se puede resolver con el sufrimiento de las familias trabajadoras. La devastación del huracán Irma solo hace que la situación sea más urgente. Es por eso que estamos interviniendo en este pleito, para impedir que una junta no electa, con sede en Nueva York, se imponga sobre el Gobernador electo democráticamente. Podemos trabajar juntos para reconstruir la economía de Puerto Rico, pero solo si se respeta la voluntad de la gente, no de Wall Street'.

El mes pasado los miembros de la AMPR reunidos en una asamblea en San Juan votaron abrumadoramente a favor de la afiliación de la AFT, unión que cuenta con 1.7 millones de miembros.