Entre la paralización de casos judiciales en su contra bajo el resguardo del Título III de la Ley PROMESA, el gobierno de Puerto Rico ha solicitado un alto a litigios relacionados a querellas por parte de madres, padres y familiares de niños de educación especial.

De acuerdo a la información suministrada a NotiCel, a partir del 22 de mayo de 2017 el Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó múltiples peticiones de paralización en casos de revisión judicial y honorarios de abogado en el Tribunal Federal.

Estos abogados representan a niños, niñas y jóvenes con impedimentos adscritos al Programa de Educación Especial que administra el Departamento de Educación en Puerto Rico.

El litigio que ha sentado un precedente es Carmen E. Vázquez-Carmona, en representación de su hijo menor de edad, v. Departamento de Educación de Puerto Rico. En él, la parte demandante solicita la reanudación de los servicios de terapia psicológica para su hijo que fueron suspendidos en agosto de 2015, el cual se ampara en la ley federal Individuals with Disabilities Education Improvement Act, (IDEA, por sus siglas en inglés).

IDEA fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en el 1975 para asegurar una educación pública, accesible y gratuita a los niños y niñas con discapacidad de la misma manera en que es garantizada para los demás.

De la misma manera, la parte solicitante busca el reembolso de los honorarios del abogado y de los costos imponibles gastados en los procedimientos administrativos y judiciales, según dispone la sección 1415 (i) (3) (B) de IDEA.

El Departamento de Justicia, por su parte, solicitó el 22 de mayo un 'stay' en el caso, basándose en que el 3 de mayo Puerto Rico entró en el proceso de quiebra y el Título III de la Ley PROMESA.

La sección 301, según citada por el Departamento de Justicia, decreta que el inicio o la continuación 'de una acción judicial, administrativa o de otro tipo contra el deudor que haya sido o pueda haber sido iniciada antes del inicio de la petición bajo el Título III o cualquier acto para recaudar, evaluar o recuperar una reclamación contra el deudor que surgió antes del inicio del caso bajo un procedimiento del Título III se suspende automáticamente sin más acción'.

En respuesta, los demandantes se ampararon en la sección 304(h) de la Ley PROMESA, la cual afirma que la bancarrota bajo el Título III no puede utilizarse como justificación para incumplir con obligaciones dispuestas en leyes federales. De igual modo, PROMESA dicta que dichas leyes federales tienen superioridad.

El juez Gustavo Gelpí determinó que el 'stay' de litigios no aplica a casos judiciales como el aquí descrito porque los demandantes solicitaban una medida cautelar y declaratoria para hacer cumplir un derecho federal protegido y no guardaba relación con una compensación monetaria por daños.

El fallo del juez Gelpí sirve de precedente para evitar la paralización futura en cuanto a causas de acción relacionadas a revisiones judiciales, interdictos, mandamus y sentencias declaratorias pendientes ante los tribunales de Puerto Rico de temas de este tipo.

A pesar del fallo del juez, aún se desconoce si el pago de honorarios queda detenido a raíz del Título III.

En hechos recientes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció un acuerdo voluntario en el caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, el cual también fue paralizado a raíz de la radicación del Título III de PROMESA tras 37 años de litigios.

'El compromiso que hice con el Pueblo está en el Plan para Puerto Rico y expone nuestro apoyo a las iniciativas necesarias que protegen a todos los niños de nuestro sistema escolar, incluyendo a los estudiantes de Educación Especial. El caso de Rosa Lydia Vélez es necesario para cumplir con los niños de Educación Especial', expresó en su momento el Gobernador.

A pesar del acuerdo, el caso continuará paralizado y en manos de la jueza federalLaura Taylor Swain.

Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación surgió ante las deficiencias del programa de la agencia gubernamental en cuanto a la provisión de servicios, equipos y terapias que requerían miles de niños y niñas con condiciones especiales.

El caso consiste de 17,000 demandantes, aunque más de 300,000 madres, padres y estudiantes fueron perjudicados.

Como mencionado antes, y según se informó a NotiCel, el Departamento de Justicia ha radicado el 'stay' para, al menos, 10 casos adicionales relacionados a querellas por parte de madres, padres y familiares de niños de educación especial.

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