Luego de que se paralizara el pleito de clase Rosa Lydia Velez v. Departamento de Educación, a raíz de la radicación de quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunció un acuerdo voluntario sobre este caso a pesar de que el mismo continuará paralizado y en manos de la jueza federal que lleva el caso de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

Este anuncio se dio en conjunto con el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de la Fortaleza, Ramón Rosario, quien indicó que el acuerdo implica'destinarvoluntariamente $5,000 diarios al fondo para servicios que custodia el Tribunal y a utilizar dicho fondo para costear todos los servicios demonitoreoy gastos de defensa de los abogados de la clase, entre otras partidas'.

Asimismo, Rosario y Rosselló Nevares aseguraron que los servicios a los niños de educación especial y los programas de remedios provisionales seguirán operando sin interrupción y que además, serán mejorados.

'El compromiso que hice con el Pueblo está en el Plan para Puerto Rico y expone nuestro apoyo a las iniciativas necesarias que protegen a todos los niños de nuestro sistema escolar, incluyendo a los estudiantes de Educación Especial. El caso de Rosa Lydia Vélez es necesario para cumplir con los niños de Educación Especial', expresó por su parte el Gobernador.

Según se informó, este acuerdo se da luego de que el pasado lunes, Rosselló Nevares y Rosario se reunieran con los abogados que representan a los estudiantes de educación especial en este caso judicial.

La solicitud de paralización de este caso se dio el pasado 19 de mayo por parte del Gobernador en un documento que alegaba que '[e] l propósito fundamental de todo proceso de quiebra es que el deudor tenga oportunidad de reorganizar su actividad económica, mientras se protegen los intereses de los acreedores'.

Tras estos hechos, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) catalogó como 'una verdadera canallada' la paralización de este caso.