Las querellas por acoso laboral que han radicado varios maestros en la isla contra directores y funcionarios abusivos han sido desatendidas por el Departamento de Educación (DE).

Así lo denunciaron hoy la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) quienes además acusaron al DE y a su secretaria, Julia Keleher, de ser cómplice de los actos por no ejercer autoridad para detenerlos.

'Con su inacción la agencia ha mantenido indefinidamente las condiciones abusivas a la que son sometidos los educadores y se ha hecho cómplice del maltrato. No ha respetado los mecanismos que provee el proceso de quejas y agravios y ha abdicado a su deber como patrono de proteger la salud y tranquilidad de sus empleados', señaló la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla.

No obstante, según el DE, las querellas fueron procesadas por el departamento de Recursos Humanos de la agencia y se encuentran en la división Legal pendiente de investigación.

'Parte del proceso conlleva la notificación del curso de acción de estos señalamientos, lo cual lo está manejando el área legal de la agencia', expuso el DE en declaraciones escritas.

De igual forma aclararon que las denuncias de acoso deben ser atendidas por las regiones educativas y no por la agencia.

'Los casos de hostigamiento laboral o acoso que no están cobijados por ninguna ley estatal o federal son atendidos por la división legal y no a traves del convenio colectivo. Existe un proceso investigativo para esto', informaron en dichas declaraciones.

Las escuelas identificadas por la FMPR donde se llevan a cabo estas acciones delictivas son: Luis Llorens Torres de Juana Díaz, Arturo Morales Carrión de San Juan, Rafael Martínez Nadal de Guaynabo, Edmundo del Valle de Río Grande, Nicolás Sevilla de Toa Alta y Luis Muñoz Rivera de Utuado.

Según Martinez Padilla, Keleher tenía conocimiento de las querellas puesto a que el FMPR las entregó directamente a su oficina, 'pero no ha hecho nada para detener el comportamiento de directores escolares y funcionarios abusivos'.

De hecho, el pasado 30 de octubre, la presidenta de FMPR le envió a la secretaria un resumen de algunos de los casos con querellas presentadas donde solicitaba que algún funcionario de la Oficina de Convenios Colectivos se comunique con la FMPR para atenderlos y resolverlos.

'La Oficina de Convenios Colectivos del Departamento de Educación, ante la cual se han radicado las querellas, ha sido extremadamente negligente. No ha convocado a vistas para dilucidar las quejas de los maestros a pesar de que el termino que establecido para intervenir ha vencido. Cada día que un maestro pasa sometido a situaciones de acoso abona a provocarle daños a su salud física y emocional', expresó Martinez Padilla.

De igual forma, algunas maestras afectadas por acoso de la Escuela Rafael Martínez Nadal en Guaynabo solicitaron una reunión por escrito con el director regional Eleuterio Álamo, quien luego de convocarlas a la misma, canceló. La FMPR se personó luego a sus oficinas para reunirse con el y discutir este caso y señalaron que volverían a citar a las maestras, acto que nunca ocurrió.

'El acoso laboral es un comportamiento repudiable y debe ser tipificado como delito. Es por ello que el señalamiento no se quedará solo en identificar a quienes se convierten en cómplices al ignorar atender las querellas, adicional a que incumplen con labor para la cual se le paga dinero del presupuesto del DE, sino que le hacemos un llamado a la legislatura y al gobernador de nuestro país: es hora de que en Puerto Rico se establezca legislación que penalice criminalmente al acosador laboral. Diferentes legisladores de diferentes administraciones han radicado proyectos para atender el asunto del acoso laboral. Vergonzosamente, al día de hoy, ninguno de los mismos se han aprobado y convertido en ley. Hacemos un llamado especial a quienes presiden la Comisión de Educación en Cámara y Senado a atender este asunto como asunto primordial en la sesión legislativa. Cientos de trabajadores están en espera de ello. Para nuestro sindicato representa un asunto de mucho peso y estaremos junto a los compañeros y compañeras hasta lograr la legislación y un trato digno, justo para ellos y ellas. Nadie tiene derecho a convertir en un infierno la jornada de trabajo de sus supervisados', finalizó Martínez Padilla.