La empresa Computerlink, y su presidente Willie Morales, radicó una demanda por difamación en el Tribunal de Primera Instancia contra WF Computer Services (WF) y su presidente, Wilfredo Figueroa Colón por las denuncias que ha hecho en los medios sobre alegada corrupción y favoritismo en las subastas realizadas por el Departamento de Educación (DE) para la adquisición de equipo tecnológico durante el 2017 y el 2018.

Desde el pasado año, WF ha denunciado irregularidades en la adjudicación de los contratos para la compra de computadoras y otro equipo tecnológico en el DE. A principios de abril de este año solicitó al Tribunal Federal que detenga la selección y adjudicación de la compra de miles de computadoras y tabletas para los estudiantes y maestros del sistema por presuntas irregularidades en el proceso.

Las supuestas irregularidades en el proceso de subastas para favorecer a un suplidor se encuentran desde octubre de 2018 ante la atención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DJ) en sendas querellas radicadas en octubre de 2018.

Willie Morales, propietario de Computerlink sostuvo que desde julio del pasado año los abogados de la empresa le enviaron una carta al presidente de WF pidiendole desistiera de hacer expresiones falsas y difamatorias en relación con Computerlink ante el DE, la Junta de Subastas, la Junta de Revisión Administrativa y ante cualquier otro foro público o privado.

'Pensamos que con la carta de cese y desista sería suficiente para detener las expresiones falsas y difamatorias por parte de WF Computer Services y su presidente Wilfredo Figueroa, pero al estos reanudar sus infundadas acusaciones contra Computerlink, decidimos interponer una demanda. Computerlink tiene una reputación comercial bien ganada durante estos 31 años en el mercado y no podemos continuar permitiendo que se atente contra ella o contra mi reputación porque tanto la empresa como su presidente estamos en regla y cumplimos con la ley', indicó Morales.

Según su presidente, Computerlink nunca ha sido cuestionada o señalada por agencias estatales o federales, destacando además el reconocimiento y 'reputación intachable' de la empresa dentro de la industria de la tecnología, la industria bancaria, finanzas y otros foros sociales, deportivos y públicos.

'Confiamos prevalecer en el Tribunal. No hubiesemos querido llegar a este punto, pero no podemos permitir que se cuestionara nuestra integridad empresarial y personal', concluyó Morales.

Por otra parte, el empresario defendió el proceso mediante el cual se adjudicaron los contratos planteando que el Requerimiento de Propuestas (RFP, por sus siglas en ingles) solicitaba distintos tipos de servicios tales como el suplir dispositivos electrónicos, un programa de desarrollo profesional para los maestros, proveer equipos para proteger, movilizar y recargar los dispositivos, monitoreo de los dispositivos, mesa de ayuda y servicios de mantenimiento, entre otros.

'Participaron siete empresas representando un total de 12 empresas y fue adjudicado a Computerlink, Evertec, GEOO y Ediciones Santillana. Tres de estas compañías formaron consorcios para someter propuestas responsivas cumpliendo con los requisitos del RFP; proceso en el que WF Computer Services no participó', sostuvo.

Desde el pasado año, las denuncias de supuestas irregularidades en la otorgación de contratos para la adquisición de equipo tecnológico en el DE fueron llevadas a la atención de La Fortaleza, el Departamento de Justicia (DJ), la Junta de Control Fiscal (JCF) y a las autoridades federales, según documentos. En febrero de 2019, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, dijo que necesitaba una auditoría para ver si había delito, por lo que lo refirió a la Oficina del Contralor, una movida que prácticamente asegura la muerte de la investigación criminal ya que la Contraloría tiene ciclos de auditoría y procesos de muestreo que no necesariamente garantizan que un asunto será procesado con la urgencia que pueden tener los procesos criminales.

Puede ver la demanda aquí: