Tras las múltiples declaraciones encontradas sobre la orden de arresto emitida contra la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, por desacato, te explicamos en lo que consiste el termino y las movidas que fueron requeridas para emitir dicho mandato.

Particularmente, el caso de la Secretaria se trató un desacato civil, que ocurre cuando se desafía o se le falta el respeto a la autoridad de un tribunal y sus determinaciones, o se impide la capacidad del tribunal para realizar su función.

Esta acción implica que una vez se incumple un mandato, un juez puede ofrecer tiempo adicional a la parte para entregar los documentos o información requerida, puede imponer una multa e incluso, emitir una orden de arresto. Esta última opción fue la que decidió utilizar el juez federal Jay A. García Gregory para acompañar la orden de requerimiento de documentos que había emitido a Keleher.

'Las órdenes judiciales no son discrecionales en cuanto a su requerimiento. Una vez emitida, la persona o el funcionario público está obligado a cumplir. En ese sentido, cuando se emite una orden de comparecencia o de producción de documentos, la órdenes tienen unas condiciones o terminos específicos para su cumplimiento. Cuando se trata de desacato civil se dice que las personas son las que tienen su propia llave para evitar la cárcel', sostuvo al respecto Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados.

Te puede interesar: DE confirma que sí hubo orden de arresto contra Julia Keleher

Aunque en el caso de Keleher se desconoce los detalles de la orden, pues esta se emitió sellada según declaraciones del DE, a la funcionaria le fueron requeridos varios documentos relacionados a un presunto esquema de fraude en las tutorías ofrecidas a esta agencia, donde está involucrada la empresa Rocket Learning. Este es un caso que se lleva en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico desde 2015.

Una vez emitida la orden de desacato, se ordena a los alguaciles del Tribunal Federal a localizar a la persona que es requerida. Los alguaciles tienen ante sí la orden sellada, donde detalla y se le informa a la persona que ha sido encontrada en desacato, las razones y lo que se requiere por el tribunal. A su vez se le advierte de las consecuencias de no cumplir con la orden. Si el juez en su orden determina que la persona debe presentarse ante sí para cumplir con la orden, los alguaciles procederán con el arresto.

'De ordinario la orden cuando se emite, te citan con un plazo. Cuando llega a una orden de arresto, es una herramienta de último recurso que utiliza el tribunal para que comparezca. Los jueces no están para meter presos a ningún funcionario público. Muy probablemente y conociendo la razonabilidad del juez García Gregory, a la Secretaria se le había emitido una orden que no cumplió', puntualizó finalmente el letrado.