El requerimiento de información al Departamento de Educación (DE) que desembocó en una orden federal de arresto contra la secretaria de la agencia, Julia Keleher, el miercoles pasado, está trabado en la burocracia del Departamento desde octubre pasado, supo NotiCel.

El documento fue sometido al juez federal Jay García Gregory de forma confidencial, sellada, por la defensa de la compañía de tutorías Rocket Learning, que enfrenta un juicio criminal junto a otras 51 personas por supuesto fraude de casi $1 millón en el Programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en ingles).

El caso fue revelado en 2015, antes del cambio de cambio de administración gubernamental, pero su marcha había estado detenida porque Rocket sometió una moción de desestimación que estuvo pendiente ante el juez hasta hace pocos meses. La alegación era que los fiscales habían presentado evidencia falsa y engañosa al Gran Jurado del caso, pero el juez no accedió a desestimar, por lo que el caso reactivó su marcha hacia un juicio pautado para el 2020.

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Es en ese contexto que ocurre el requerimiento de información al DE, ahora bajo la jefatura de Keleher. El licenciado Juan R. Acevedo, defensor de la compañía en el caso criminal, declinó confirmar detalles del requerimiento a NotiCel debido a su naturaleza confidencial y el expediente del caso arroja movimientos de documentos entre Rocket y el juez pero, igual, los muestra de manera confidencial y no pública.

Pero NotiCel supo que el requerimiento es para documentos relacionados a varias otras compañías que prestaron servicios de tutoría bajo el programa SES, además de Rocket, y que, de hecho, no enfrentan cargos criminales. Los documentos solicitados cubren los años academicos 2011-2012 y 2012-2013.

El requerimiento llegó al DE el 29 de octubre de 2018 y tenía una fecha plazo para el 9 de noviembre. Debido a falta de respuesta, Acevedo sometió una carta de seguimiento en noviembre. Otra vez, debido a falta de respuesta, hay otra comunicación de Acevedo en diciembre advirtiendo que tendría que recurrir al juez para que emitiera una orden de cumplimiento so pena de desacato, un termino que implica la posibilidad de un arresto hasta que se cumpla la orden del tribunal.

En enero la jefatura de la División Legal del DE cambia por renuncia de la anterior jefa.

Como se les había advertido, el 18 de enero el DE recibe una orden del juez para mostrar causa por la cual no se les deba encontrar incurso en desacato debido al incumplimiento del requerimiento. El DE realizó alguna entrega de material a fines de enero y principios de febrero, pero la defensa de Rocket entendía que no cumplían con la orden todavía.

Eso desembocó en que el 13 de febrero pasado, el juez García Gregory emitiera una orden de arresto por desacato contra la secretaria Keleher que provocó un revuelo público ya que, por la naturaleza confidencial del trámite, inicialmente no se distinguió entre una orden de arresto por desacato a las órdenes del tribunal, o una orden de arresto por la radicación de cargos criminales contra la Secretaria.

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Justo cuando el juez emitió la orden, el DE recibió una llamada de Acevedo advirtiendoles de lo que acababa de suceder, por lo que el jefe de la División Legal, licenciado Nolan Portalatín, se personó al Tribunal Federal para llegar a un acuerdo con el juez que dejara sin efecto la orden. Esto sucedió, pero no antes de que los alguaciles federales ya hubieran salido a diligenciar el arresto de Keleher que, de hecho, no estaba en Puerto Rico, lo cual abonó más a la confusión pública que reinó por unas horas sobre lo que había sucedido.

El compromiso del DE dicta que el material debe ser entregado a la satisfacción de la defensa de Rocket a más tardar esta semana.