¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el gobierno entienda que urge un plan nacional contra la violencia de genero? Las cifras son alarmantes, pero no parecen llamar la atención de las autoridades.

Aunque hace meses varios colectivos feministas han denunciado un aumento de asesinatos de mujeres en casos de violencia machista, nada han hecho el gobernador Ricardo Rosselló o la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, sobre lo que para quienes trabajan con las víctimas han calificado como una emergencia nacional. El gobierno parece obviar la necesidad de establecer una respuesta oficial para detener esta racha de muertes.

Mientras las estadísticas de la Policía de Puerto Rico muestran una reducción en los asesinatos en general, las muertes de mujeres en incidentes de violencia machista se han disparado superando por muchos los casos reportados en años anteriores.

De las 43 mujeres asesinadas este año, 21 fueron ultimadas por su parejas o exparejas. A este número hay que sumar cuatro casos adicionales en los que la policía ha identificado como posible móvil la violencia de genero, pero esperan por los resultados del Negociado de Ciencias Forenses para confirmarlo.

Este número supera por mucho los 12 feminicidios reportados en 2016. El pasado año hasta septiembre una docena de mujeres fueron asesinadas en casos directamente relacionados a violencia de genero, pero se cuenta con el número exacto de todo el año ya que no se recopilaron estadísticas luego del huracán María.

La situación se agrava cuando se mira todo el panorama. A esos 21 asesinatos súmele que más de 180 casos de violencia de genero han sido protagonizados por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico. La misma agencia que se supone investigue a los agresores cuando son denunciados por sus víctimas.

Además, desde 2006 al presente, más de 2,000 'rape kits' o pruebas de material genetico de víctimas de agresión sexual están sin procesar en el Negociado de Ciencias Forenses.

Es evidente que existe un problema que no ha sido atendido o se ha tomado de forma liviana por el gobierno ya que estudios recientes demuestran muy pocas convicciones en estos casos. Peor aún, un 70 por ciento de los que sí son convictos nunca pisen la cárcel.

Luego del huracán María, las organizaciones que brindan servicios a víctimas de violencia machista han visto una dramática alza de casos, sin que haya despertado alguna preocupación de las agencias encargadas.

Expertos en conducta humana han identificado patrones de aumento de violencia de todo tipo luego de eventos como el vivido en Puerto Rico tras la emergencia por el paso del huracán María por el impacto emocional que representa para muchos manejar las catástrofes. El efecto post traumático convierte a la catástrofe como un agente agresor. ¿El gobierno? ¡Bien gracias!

En agosto un grupo de mujeres llevó a cabo una manifestación frente a la Procuraduría de la Mujer, hoy en Hato Rey, para recordar la muerte de 43 mujeres. Bajo la etiqueta o hashtag #SonSusMuertas, las manifestantes se acostaron en el pavimento de la avenida Ponce de León y se cubrieron completas con sábanas blancas en representación de estas víctimas. Ni una palabra de Lersy Boria, quien asumió la Procuraduría en julio y hasta la fecha no ha hecho pública ninguna medida para detener la racha.

Es necesario que el Gobernador entienda la urgencia de establecer un plan nacional contra la violencia de genero que no se resuelve con una simple campaña para apagar fuego; sino con una estrategia a corto, mediano y largo plazo.

El plan debe adoptar las tendencias internacionales que apuntan a atender la violencia de genero de forma integral, identificando los factores de riesgo y protección como la pobreza y perpetuar roles de genero estereotipados. Para ello es necesaria la equidad como antídoto a la violencia por lo que deben desarrollar medidas de desarrollo social muy contrarias a las que promueve la política de austeridad.

Acceso a vivienda, servicios de salud y una educación con perspectiva de equidad de genero, eliminada por esta administración, son medulares para atender el asunto a mediano y largo plazo. Las recomendaciones internacionales incluyen, además, acercar los servicios a las mujeres ya que estudios demuestran que hay más probabilidad que la mujer agredida busque apoyo cerca de su comunidad que en las autoridades policiales.

La pasada semana la Colectiva Feminista en Construcción invitó a una manifestación el próximo viernes para que el gobernador Ricardo Rosselló declare un plan de emergencia nacional contra la violencia de genero. Rosselló Nevares no se ha expresado al respecto. Todo parece indicar que habrá que pedirle al presidente Donald Trump que tuitee algo sobre el Plantón Feminista contra la Violencia Machista. A lo mejor así logran alguna respuesta del Gobernador.