Futucare y Vank enfrentan pesquisas por transacciones sospechosas.

El empresario Rafael Esteves, socio de los negocios Futucare y Vank, rehusó contestar las preguntas de Noticel sobre el alegado conflicto de interés y otras posibles violaciones de ley referidas por el Departamento de Salud (DS). Esteves se limitó responder que, “en este momento no vamos a emitir comentarios”, ante los cuestionamientos sobre la su relación con las empresas imputadas de violar la ley y si las transacciones de Vank involucraban bancos estadounidenses.

La pasada semana el Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Víctor Ramos Otero, refirió a varias entidades a un contratista del DS y a una compañía que brinda servicios de transferencias bancarias entre los dispensarios de cannabis medicinal y los pacientes. Ramos Otero envió al Negociado de Investigaciones Federales (conocido por sus siglas en inglés como “FBI”) en San Juan un expediente con denuncias de posibles violaciones a leyes locales y federales que involucran las empresas Futucare LLC y Vank LLC. Lo que comenzó como un contrato para manejar la plataforma digital del programa de cannabis medicinal fue referido para que se investigue por posibles actos de corrupción, lavado de dinero, y mal uso de datos médicos confidenciales.

Según describe el referido, existe un evidente conflicto de interés entre las empresas denunciadas. En el registro de corporaciones del Departamento de Estado se hace evidente que coinciden los incorporadores, de ambas empresas, así como la dirección del negocio y la dirección de correo electrónico.

La carta enviada al FBI y al Departamento de Justicia sugiere que los dueños intentaron encubrir la realidad de la conexión entre ambas empresas. “En fecha de 25 de junio de 2025, mediante comunicación electrónica, el Sr. Ricardo Chipi, Presidente de Futucare, LLC, afirmó que Futucare LLC no tenía relaciones de negocio con otras entidades donde compartiera su estructura operacional, a pesar de que en la estructura organizacional de ambas compañías se encuentra Sr. Rafael J. Esteves Martinez, dirección y un correo electrónico similar”, estableció Ramos Otero en su carta.

Futucare registraba los pacientes y dispensarios de Cannabis Medicinal

El alegado conflicto de interés surge ya que la plataforma de Futucare obtuvo datos privilegiados de los dispensarios y fueron algunos de estos negocios donde luego la empresa Vank lanza su producto financiero. Todo esto, sin solicitar las debidas autorizaciones del Departamento de Salud. A pesar de los empresarios haber negado dicho conflicto de interés, el Secretario de Salud procedió con el referido para investigación por las múltiples coincidencias entre las empresas las cuales exceden el hecho de tener los mismos asociados, Ricardo Chippi y Rafael Esteves.

Aunque la plataforma utilizada para el registro de paciente operaba de forma satisfactoria, Ramos Otero determinó el pasado 30 de junio no renovar el contrato con Futucare. En aquel momento, el Secretario de Salud se abstuvo en dar detalles para la no renovación, pero aseguró que el registro continuaría de forma ininterrumpida a través de la página oficial del gobierno.

VANK fue creada para sustituir transacciones en efectivo

Vank LLC, fue registrada por Rafael Esteves, vicepresidente a su vez de Futucare en el añ0 2019. Para completar el registro en el Departamento de Estado, Esteves utilizó como dirección física, postal y correo electrónico, la misma información provista por Futucare. Posterior al lanzamiento, Vank comenzó a ofrecer servicios a los dispensarios de cannabis sin haber solicitado los permisos aplicables a la Junta de Reguladora del Cannabis Medicinal. Ambas compañías comparten asociados, dirección, correo electrónico y vínculos operativos que, según Ramos Otero, pudieran violar la Ley Anticorrupción de Puerto Rico.

La página web de la empresa describe que proveen una plataforma que facilita pagos móviles de banco a banco mediante ACH (Automated Clearing House) y específicamente establece su plataforma se adapta a negocios regulados y altamente dependientes del dinero en efectivo. Por las estrictas leyes bancarias, tanto federales como locales, la industria de cannabis maneja sus transacciones en efectivo y se permite que los mismos sean depositados en aquellas cooperativas que no realicen transacciones reguladas federalmente. En Puerto Rico, solo la cooperativa TuCoop tiene las autorizaciones necesarias para realizar transacciones relacionadas con la industria de cannabis.

Cada vez que un cliente desliza su tarjeta de crédito, un procesador de pagos inicia una transferencia entre el banco del cliente y el del comerciante. Sin embargo, en el ámbito del cannabis, el procesamiento de pagos es un área restringida. Redes de tarjetas de crédito importantes como Visa y Mastercard han rechazado apoyar transacciones de cannabis limitando así las opciones de pago que tienen los clientes de los dispensarios en el punto de venta. Vank se presentó como una opción tecnológica para timar el gobierno.

El Secretario de Salud advirtió que, desde la perspectiva financiera, es motivo de preocupación entender el rol operacional de Vank en la facilitación de pagos, lo que “obliga a considerar los principios de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act (BSA), las directrices del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)", las cuales fueron adoptadas como parte del marco de la Ley [de Cannabis] MEDICINAL y las leyes Antilavado de Dinero (AML)”.

Según información ofrecida de manera anónima, Vank LLC transfiere electrónicamente los fondos de estas transacciones a otros estados. Esto podría agravar el caso al activar la jurisdicción federal por comercio interestatal. La empresa podría enfrentar cargos por lavado de dinero bajo los artículos 18 U.S.C. § 1956 y § 1957, y fraude electrónico bajo el 18 U.S.C. § 1343. Estas acusaciones pueden conllevar hasta 20 años de cárcel. Además, al participar en el procesamiento de pagos vinculados al cannabis, la compañía entra en el radar de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que considera estas operaciones de alto riesgo y exige estrictos controles de reporte y cumplimiento.

El Departamento de Salud anexó a las cartas de referido una docena de documentos que sustentan su argumento de conflicto de interés, entre los que se incluyen contratos, certificados corporativos, correos electrónicos y artículos de prensa.