El Director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Víctor Suárez, admitió que las tarifas de los concesionarios y servicios no relacionados a las aerolíneas podrían aumentar bajo la nueva administración privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

Esto implica una violación a la tercera, de tres, condiciones que el gobernador Alejandro García Padilla planteó al secretario de la Administración Federal de Aviación (FAA) con relación al contrato de privatización de esa instalación.

El titular de Puertos reconoció que, aunque se vislumbra la permanencia de precios estables de tarifas de vuelo por los primeros años, existe simultáneamente un nuevo Acuerdo de Uso de Aerolíneas que asegura que el privatizador podrá sacarle $62 millones anuales a las aerolíneas durante los primeros cinco años del contrato de administración de la facilidad.

Es decir, la alegada estabilidad inicial en tarifas planteada por Suárez podría chocar con la necesidad de los aerolíneas de tener que cumplir con la cuota de $62 millones, y así verse obligadas a pasar costos adicionales a los pasajeros.

'Las tarifas aéreas se mantendrán estables durante un período de tiempo. El contrato provee que haya un tope de $62 millones (anuales) durante los primeros cinco años y que el costo después vaya aumentando periódicamente, según el costo de vida', expresó Suárez en entrevista con NotiCel.

De igual forma, las declaraciones de Suárez con respecto a la estabilidad inicial de las tarifas parecen contrastar con lo contenido en el informe de Moody's publicado el pasado 9 de enero y reseñado en la mañana del martes por NotiCel. Dicho informe plantea que el plan del consorcio privatizador es sacar más ganancias al agenciarse más dinero por cabeza, entre los pasajeros que utilizan el aeropuerto.

Según Moody's, 'luego de la implantación (del acuerdo), se espera que el costo por cada pasajero estará alrededor de los $14.00, esto es más alto con relación a la mediana de $10.80 de otros aeropuertos de Estados Unidos' en posición financiera similar al de San Juan'.

Cuando se le preguntó a Suárez si los aumentos en tarifas de otros servicios no relacionados a las aerolíneas tendrían un efecto multiplicador sobre los costos de pasajes, el titular de Puertos indicó que ese no sería el caso.

'Esos servicios no tienen que ver con las aerolíneas', respondió Suárez.

No obstante, el Director Ejecutivo de la agencia no titubeó en admitir que los aumentos en tarifas de concesionarios y otros servicios relacionados son una posibilidad real bajo el nuevo escenario administrativo que se vislumbra en el AILMM.

'La Autoridad de Puertos tiene que evaluar todo lo que tiene que ver con servicios no relacionados a la transportación aérea. No haber revisado eso por muchos años, no haber sido diligente en el cobro de eso, es lo que ha llevado a la Autoridad de los Puertos a la situación económica donde está', explicó Suárez.

'Sin embargo, no debe tener un efecto multiplicador sobre las tarifas de vuelos porque eso no impacta las aerolíneas y los costos operacionales que las aerolíneas les cobran a los pasajeros. Sí va a tener un efecto sobre las concesiones del aeropuerto, ya sea alquiler de vehículo, establecimiento de comida, establecimiento de ‘souvenirs'. Hay que atemperar los concesionarios a los precios del mercado. Ha sido una de las exigencias que se nos ha hecho', añadió.

Finalmente, Suárez aseguró que el consorcio privatizador de Aerostar Airport Holdings honrará todos los contratos vigentes entre la Autoridad de Puertos y los diferentes comerciantes que proveen servicios en el AILMM.

'Lo que nosotros hemos recibido de la compañía Aerostar es que los contratos se van a honrar y aquellos que hayan vencido, se van a renegociar. Nosotros le hemos pedido a Aerostar que, a raíz de la transacción, no se pierdan empleos, y que se comience a negociar desde ahora', puntualizó Suárez.

El acuerdo de alianza público-privada provee un contrato para que Aerostar administre el aeropuerto por los próximos 40 años.

La administración privada del AILMM no puede comenzar a operar hasta tanto la Administración Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés) emita su informe final sobre el acuerdo firmado entre el gobierno de Puerto Rico y Aerostar. Se espera que dicho informe de la FAA se publique en algún momento durante el mes de febrero.