Un panel de expertos en economía, finanzas y medidas de seguridad en instalaciones de aeropuertos depusieron hoy miercoles extensamente, sobre las razones que entienden justifican que el gobierno de Puerto Rico paralice la concesión de la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín a una empresa privada.

Siete argumentos destacaron y se enfatizaron una y otra vez por los peritos ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, en la continuación de las vistas sobre la Resolución que ordena una investigación sobre lo concerniente a la transacción de privatizar el principal punto de llegada y salida de aviones en la isla.

Amenaza a la seguridad nacional

Harry Narváez, retirado de la Autoridad de Puertos y de la Fuerza Aérea y experto en seguridad de las instalaciones de aeropuertos, enumeró y destacó que bajo la administración de una empresa extranjera, como lo es Aerostar Holdings, no se puedan mantener los rigurosos estándares de medidas de seguridad exigidos por el Congreso de Estados Unidos.

'Me preguntaba cómo sería posible que TSA le permitiera a una empresa extranjera, con jefes que no son ciudadanos americanos, tener acceso a información clasificada, como informes de inteligencia emitidos por TSA diariamente; administrar el sistema de huellas digitales de ciudadanos americanos, procesar documentos para investigación del personal del aeropuerto de ciudadanos americanos, hacer procedimientos de seguridad relativos a sabotajes, secuestros, eventos nucleares…', apuntó.

'Cuando se compromete la seguridad de un aeropuerto, estamos hablando de que se compromete la seguridad de todos los aeropuertos de todos los estados de la nación norteamericana. Esto es un grave peligro… Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos permita el reto que esta nefasta transacción significa para la seguridad nacional'.

Dudosas credenciales de empresa privatizadora

La empresa mexicana Aerostar no posee experiencia en la administración de aeropuertos bajo la Administración Federal de Aviación (FAA), resaltó Narváez.

Las instalaciones similares en América, fuera de Estados Unidos, operan bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Además, como parte de los requisitos de privatización, el Congreso de Estados Unidos establece que el convenio colectivo de los empleados no deberá ser alterado. El contrato de Aerostar, sin embargo, ignora la existencia de las uniones de trabajadores.

Irregularidades del proceso de contratación

El contrato de la APP fue firmado antes de someter la solicitud final al FAA y, aunque aún la agencia federal no ha endosado la gestión, 'el personal de Aerostar, el personal de ASUR, en complicidad con la Autoridad de Puertos' se ha ubicado en las instalaciones.

'Ya están dando órdenes e instrucciones y ya están utilizando recursos, entrevistando personal y tomando decisiones administrativas y operacionales sin la autorización debida'. dijo Narváez.

Limita el desarrollo de los aeropuertos regionales de Aguadilla y Ponce

El catedrático de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, José Israel Alameda Lozada, especificó que el problema del modelo de desarrollo económico de la isla ha sido la alta concentración geográfica de desarrollo económico en la zona metropolitana, sin tener una dispersión donde se mejoren las condiciones de los otros municipios.

Así, Alameda calificó la propuesta APP como 'un mal contrato de arrendamiento privado', principalmente porque deja a la deriva al aeropuerto regional de Aguadilla y al resto de los sistemas de transportación.

Alameda analizó que, si fuera cierto que el negocio de APP significaría un aumento de 200,000 pasajeros en el LMM, entre 2013 y 2027, se generaría una reducción de pasajeros de 191,000 en el aeropuerto Borinquen de Aguadilla y de 97,000 en el de Ponce.

La reducción de pasajeros en Borinquen redundaría en una pérdida de ingresos en los sectores productivos del área de $230 millones y de unos $147 millones en la región cercana a Mercedita en Ponce. En términos de empleo, estimó que la reducción de empleos en el área de Aguadilla por la merma en pasajeros, sería de 3,085 empleos directos e indirectos y en Ponce de 1,451.

'Cuando uno mira los planes regionales de desarrollo de la Junta de Planificación, hay una inconsistencia entre lo que estos plantean para desarrollar los aeropuertos como parte integrada a la red de transportación, y el contrato de la APP, prácticamente exclusivo, para beneficiar al Luis Muñoz Marín'.

No existe una garantía de permanencia de empleos

El abogado y asesor legislativo Mario Pabón enfatizó en que el contrato de privatización no requiere que el privatizador retenga los empleados del Luis Muñoz Marín, aunque sí le da la alternativa de entrevistarlos y ofrecerles empleos.

Otros quedarían a disposición de la Autoridad de los Puertos.

Dado que la nómina de los aeropuertos regionales representa un 33% de la nómina total de la operación de la Autoridad de Puertos, aunque estos aeropuertos solo sirven a un 11% de los pasajeros aéreos, una Autoridad sin el LMM requeriría de una reducción de plantilla de empleados y una consolidación de funciones para poder sobrevivir.

'Dónde podría la APP localizar a los empleados del LMM que se queden en la agencia, si ya tiene más empleados de los que necesita? Con la privatización, según propuesta, no será posible garantizar la permanencia de los empleos deseada por la administración', agregó Pabón.

No es posible evitar un aumento en las tarifas

Bajo el contrato propuesto, existe una garantía de congelación de tarifas por cinco años, pero luego de ese período, el privatizador queda en libertad de aumentar anualmente a base de las tasas de inflación. Además, resaltó Pabón, la tarifa aplicable ya tiene un precio de congelación incorporado.

Se trata del aumento de la tarifa promedio por tonelada de peso al despegue, que entre 2006 y 2009 fue de $2.585 y que desde 2010 es de $3.713. 'De aprobarse el contrato, se 'congelaría' la tarifa en $3.65. Contrario a la flexibiliad que tiene la APP en la imposición de tarifas -que resultó en una baja durante los años 2008-2009- con la privatización no solamente se congelarían las tarifas a los precios más altos, sino que, una vez concluido el período de congelación, las tarifas seguirían subiendo'. El aumento, por supuesto, elevará los costos a los pasajeros.

Mal negocio

El economista José Antonio Herrero también planteó, que en términos financieros, la APP del aeropuerto es un mal negocio para Puerto Rico y Estados Unidos.

Indicó que la gestión no contribuye con inversión real y significativa, excepto aquella disponible para el mantenimiento de la operación; no aporta inversión directa real financiada con fondos propios de la parte arrendataria, y no tiene obligaciones específicas de carácter impositivo ni mecanismos de fiscalización.

Además, dijo, depende de las garantías financieras otorgadas por el Banco Gubernamental de Fomento para el financiamiento de obligaciones que debe cumplir el arrendatario, y que todos los riesgos de la operación serán transferidos a la Autoridad de Puertos.