El municipio de Cataño realizó cinco contrataciones contrarias al ordenamiento jurídico por lo que la Oficina de la Contralora señaló negativamente ese hecho en su más reciente informe sobre el municipio.

El Informe revela la contratación de cinco corporaciones regulares que prestaron servicios legales, medico-hospitalarios, de ingeniería y mantenimiento de acondicionadores de aire por $12.8 millones de marzo de 2009 a abril de 2013 contrarios al ordenamiento jurídico. Estos servicios sólo se podían ofrecer mediante la figura jurídica de una corporación profesional.

Además, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos y a los contratos formalizados, tres de las corporaciones mencionadas subcontrataron los servicios. Por ejemplo, las dos corporaciones medico-hospitalarias subcontrataron al administrador, a los medicos, a los tecnicos de laboratorio y rayos x y la facturación.

El presidente de la corporación de ingeniería quien no contaba con las licencias requeridas, tambien subcontrató a un ingeniero y a evaluadores que realizaron los servicios ya que la corporación no tenía empleados.

Estas situaciones fueron referidas a la Secretaria de Justicia, al Presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al Presidente de la Junta Examinadora de Tecnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, y al Secretario de Estado el 28 de julio y 24 de agosto de 2017 para las acciones correspondientes.

La auditoría de tres hallazgos señala tambien que el Municipio realizó un pago ilegal de $205,000 a una de las corporaciones medico-hospitalarias ya que prestó servicios sin haberse formalizado un contrato escrito.

Además, contrario a la Ley 237-2004 sobre el establecimiento de parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales y consultivos, el contrato de servicios de ingeniería se formalizó con una vigencia mayor a los 12 meses consecutivos permitidos por ley.

Nuestros auditores identificaron que seis contratos y tres enmiendas no se remitieron a la aprobación de la Legislatura Municipal lo cual impidió que esta cumpliera con su responsabilidad de autorizar las contrataciones. Una situación similar ya había sido señalado en el Informe M-13-10 del 2012.

Al 31 de diciembre de 2014, Cataño tenía 15 demandas civiles por $25 millones pendientes de resolución en los tribunales y al 31 de diciembre de 2015, el municipio no había recobrado $713,322 recomendados en los informes de auditoría M-09-28, M-09-36 y M-10-13.