El presidente interino de la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Francisco Cruz denunció el lunes que las expresiones de Christian Sobrino, presidente del banco, sobre el despido y cesantías de empleados son falsas y que el proceso para reducir la nómina ha sido atropellado, arbitrario y discriminatorio.

'Aquí se obligó, hostigó y presionó al personal a dejar sus puestos de trabajo. No fue ningún 'proceso responsable' como se afirmó el señor Sobrino. Han sido meses terribles, llenos de incertidumbre, presión y poca información. Al comienzo se ofreció un programa de 'renuncias incentivadas', dando una cantidad de dinero para que los empleados dejaran sus puestos. Si el empleado firmaba, ante el alegado cierre del banco, como quiera el patrono decidía hasta cuándo estarían trabajando', dijo Cruz en declaraciones escritas.

'Además, este programa de 'renuncias incentivadas' estuvo colmado de mucha desinformación, atropellos, irregularidades y mala fe desde el principio. Se reunía al personal y se daba una versión del proceso y luego se cambiaba sin ningún aviso. A cada grupo se le dio una versión diferente en cuanto los beneficios disponibles, lo cual llenó a los empleados de mucha incertidumbre y ansiedad', agregó.

Por otro lado, alegó que mientras se decía que el banco cerraría, se abrían nuevas convocatorias en Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) 'con la mismas funciones del personal unionado, que forzaban a renunciar'.

'No hubo ninguna movilidad de empleados del BGF hacia la nueva corporación pública, sucesora del BGF. El antiguo personal del Banco tuvo que solicitar y competir en convocatorias de puestos que han ocupado por años y les están imponiendo periodos de probatorias de hasta seis meses,' añadió María Teresa Rodríguez, tambien portavoz de la unión.

De igual manera, denunciaron que no era cierto que los empleados rechazaron el programa de movilidad bajo la Ley de Empleador Único, según trascendió en los medios. Alegaron que aunque se les ofreció esta alternativa al inicio, en la práctica, el director de Recursos Humanos, Guillermo Camba sólo daba excusas para negarle la movilidad a los empleados.

'Primero se dijo que el programa de movilidad no estaba en funciones a pesar de que ha pasado más de un año de haberse aprobado la ley, luego dijo que las agencias no tenían dinero para pagar la nómina de los empleados que recibirían. Luego decía que la movilidad se estaba trabajando por destaque y los empleados del Banco no se podían mover por este medio ya que el Banco cerraría y no podría pagar esa nómina. Nunca se le ofreció a ningún empleado la oportunidad de evaluar si podían trabajar en otra agencia con un recorte de salario', señaló Cruz.

Los portavoces de la unión añadieron que fue al momento de entregar las cartas de cesantía que Camba les notificó por primera vez que la lista empleados cesanteados sería sometida a la Oficina de Transformación y Administración de los Recursos Humanos (OTARH) para ver si se les podía conseguir cupo en el gobierno, dentro del plazo de los 30 días que se haría efectivo el despido.

Asimismo, alegaron que tampoco era cierto que a los empleados cesanteados se las estará pagando el sueldo dentro de esos 30 días, sino que se le estará cargando ese periodo a su licencia de vacaciones, obligándolos a agotar la única liquidación a la que tendrían derecho. Esto, en clara violación del convenio colectivo que establece una indemnización a empleados cesanteado bajo ciertas características que incluyen disminución de tareas, restructuración o cierre, que es lo que está sucediendo en estos momentos.

Por último, indicaron que representantes de la unión solicitaron hace semanas reuniones con el secretario de la Gobernación, William Villafañe y a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, pero no han recibido respuesta a sus reclamos.