El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miercoles que los integrantes de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), cuentan con su respaldo luego de la demanda del director ejecutivo de dicha entidad, doctor Mario Marazzi Santiago.

'Todos los miembros del Instituto de Estadísticas están cobijados por la Ley 9. Es lamentable ver como el señor Marazzi sigue arrastrando este asunto, menoscabando la proyección del Instituto de Estadísticas', dijo el Gobernador en conferencia de prensa.

'Confío que la Junta del Instituto de Estadísticas haga el trabajo que tenga que hacer y pueden estar confiados que ante las amenazas y los retos judiciales van a estar protegidos por ley', añadió Rosselló Navares al respecto.

El Primer Mandatario explicó que se trata de una ley que protege a los jefes de agencias contra acciones legales. Según apuntó, a los integrantes de la empresa privada que están en la Junta de Gobierno del Instituto de Estadísticas, tambien les aplica dicho estatuto.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera sostuvo que, continúa el proceso de radicación de cargos y la destitución de Marazzi Santiago.

'Las alegaciones en su contra, son muy serias y eso incumple con el requisito de la ley de que la persona que dirija el Instituto (de Estadísticas) tiene que tener integridad pública', dijo Laboy Rivera.

Marazzi Santiago regresó a su puesto, el lunes, como director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Así lo confirmó el doctor Orville Disdier Flores, quien se había estado desempeñado como director ejecutivo interino del organismo.

'Marazzi-Santiago retomó sus funciones como director ejecutivo del Instituto luego de haber tomado la decisión de separarse de su cargo para atender unos asuntos personales', dijo el doctor Disdier Flores en comunicación escrita.

El doctor Disdier Flores anunció, además, la presentación de un interdicto y sentencia declaratoria que cuestiona la validez de varios nombramientos que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, realizó a finales de noviembre 2018 a la Junta de Directores del Instituto, los cuales ponen en tela de juicio la independencia de criterio del Instituto y el conocimiento y peritaje requeridos a los miembros de la Junta de Directores para poder ejercer sus funciones, en conformidad con la Ley del Instituto.

'Al momento de aprobar la Ley del Instituto de Estadísticas se aspiró a crear una organización con las más altas cualificaciones academicas de excelencia. Esto es esencial para que la Junta pueda descargar sus funciones y el Instituto pueda ser efectivo en su misión', expresó el doctor Disdier Flores, subdirector del Instituto.

Explicó que, en específico, la referida Ley en su Artículo 7 establece que la Junta de Directores del Instituto está compuesta de 'seis (6) personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación y un funcionario de gobierno'.

Mencionó que a finales de noviembre de 2018, el gobernador nombró un segundo funcionario de gobierno a la Junta de Directores, cuando designó al ingeniero Manuel Laboy, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. No obstante, en julio de 2017 el Gobernador ya había designado al licenciado Alex López Echegaray como miembro de la Junta de Directores del Instituto. Como López Echegaray servía como Vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico (WIPR), este ocupaba la única silla destinada a un funcionario público en la Junta de Directores del Instituto. Durante el mismo periodo de tiempo (2017) López Echegaray tambien ocupaba un puesto en la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El recurso tambien alega que López Echegaray carece de autoridad como miembro de Junta, luego que en diciembre 2018 renunciara a las juntas de WIPR y el Conservatorio. La Ley del Instituto de Estadísticas es clara que solo puede haber un (1) funcionario de gobierno en la referida Junta.

La demanda presentada plantea además que el nombramiento del contador público autorizado (CPA), Harry Santiago Perez, hecho por el Gobernador a finales de noviembre, es nulo debido a que no tiene competencia reconocida en los campos de estadísticas, economía o planificación. Santiago Perez cuenta con un bachillerato en administración de empresas con especialidad en contabilidad y finanzas, y una maestría en administración de empresas con especialidad en contabilidad. Dicha preparación no satisface los criterios establecidos por la Ley. El recurso presentado por el Instituto pide al Tribunal que los demandados cesen y desistan de actuar como miembros de la Junta ya que no tienen autoridad para ello.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan citó a una vista para el 31 de enero de 2019 a las 9:00 de la mañana en la que se dilucidará la procedencia del interdicto solicitado por el Instituto.