La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) se encuentra en la mira de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina de la Contralora, puesto que ambas agencias fiscalizadoras mantienen investigaciones activas respecto a los contratos de la entidad pública y el manejo de fondos.

En primera instancia, la OEG labora desde el 2015 en una pesquisa sobre Efraín Oliver Velez, presidente de la empresa EBTV, LLC, la cual ha recibido múltiples contratos en la corporación pública. Antes de fundar su empresa, Oliver Velez laboró en WIPR.

Tal como reveló NotiCel en primicia, el presidente de WIPR, Rafael Batista Cruz, ha sido cuestionado por sus lazos de amistad con el ejecutivo, que han resultado en convenios onerosos.

Ejemplo de ello es que, de acuerdo a empleados de la agencia, ambos produjeron la actividad de los servidores públicos afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) del 1 de febrero de 2015 por concepto de $8,000.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2016, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró a Batista Cruz a la presidencia de WIPR. Un mes despues, la empresa de Oliver Velez ostentaba un contrato de asesoría en la agencia a un costo máximo de $16,500 que fue enmendado para quedar en $61,500.

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La OEG no ofreció detalles sobre el contenido de la pesquisa porque continúa activa.

Mientras, la Contralora confirmó a este diario que hay una auditoría en curso enfocada en el uso de los fondos provenientes de dos estatutos: la 'Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico' (Ley 146 de 2011) y la 'Ley del Fondo 'Lucy Boscana' de Producción de Telenovelas, Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública' (Ley 223 de 2000).

La primera ley tiene como propósito sufragar los gastos de producción de programas culturales con temática puertorriqueña, contenido histórico, novelas y otros, con la participación de artistas locales. La medida avaló la asignación anual de $800,000 a WIPR, suma que proviene de los recaudos del arbitrio sobre los cigarrillos, según dispuesto en el Código de Rentas Internas.

Mientras, el fondo Lucy Boscana tiene el mismo propósito de fomentar las producciones locales, pero su asignación monetaria anual es de un millón de dólares proveniente de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal.

La auditoría en cuestión comprende el período del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2018.

Aunque la oficina de prensa de la Contralora señaló que los esfuerzos investigativos no responden a ningún reclamo en particular, la pugna por estos fondos no es reciente.

En enero de 2018, un grupo de actores pertenecientes al Taller Dramático solicitaron una investigación al Senado para conocer el paradero del dinero, puesto que en ese momento los fondos correspondientes a ese año fiscal no habían sido liberados.

Un mes despues, el Presidente de WIPR anunció el desembolso de los $800,000 por parte del Departamento de Hacienda. Sin embargo, en octubre de 2018 el tema de la desaparición de fondos resurgió con una denuncia por parte de tres senadores de la mano de los actores del canal.

En un tira y jala con Batista Cruz, el propio Departamento de Hacienda aseguró que se remitieron cuatro pagos en el año: $200,000 el 18 de abril; otros $200,000 el 26 de mayo; la misma cantidad el 7 de junio y el último de $200 mil el 21 de junio de 2017.

'Si no se pagó con esos fondos el prestamo del Taller Lucy Boscana, entonces se desaparecieron $400,000 correspondientes a la mitad del año fiscal 2016-2017', subrayaron mediante un comunicado de prensa Actores y Actrices del Taller Dramático de Radio de WIPR 940 AM.

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La auditoría pública más reciente a WIPR comprendió el período de septiembre de 2015 a septiembre de 2016. En ella, la Contralora concluyó que la corporación pública carecía de una serie de controles relacionados a los sistemas de información, sus parámetros de seguridad y controles de acceso, y el almacenamiento de los respaldos de información ('backups').

El documento fue publicado en mayo de 2018 y en el, la Contralora tambien realizó una serie de recomendaciones a quien fuera Presidente de WIPR, como la identificación de alternativas costo-efectivas respecto a un plan para la recuperación de desastres y un plan de continuidad de operaciones.