La Oficina del Contralor revela mediante un informe que cinco empresas no realizaron los trabajos contratados.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales municipales de Mayagüez. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el Programa de Préstamos no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que el Municipio no cobró $1.2 millones de cinco préstamos otorgados del 2003 al 2010 a cinco empresas bajo el Programa de Desarrollo Comunal y Económico para proyectos de vivienda que, además, nunca se realizaron. Este Programa, creado en el 1998, se nutre de fondos federales y otorga préstamos y donativos para canalizar incentivos, estimular la rehabilitación social de los sectores de bajos y medianos ingresos, y promover el empleo y desarrollo del Municipio.

Esta situación se atribuye a que el entonces alcalde no cumplió con su responsabilidad de recobrar los préstamos otorgados. Si el gerente municipal de Vivienda y Programas Federales hubiese realizado las inspecciones de los proyectos, se habría dado cuenta de la inexistencia de las viviendas. Por estas acciones se pudo configurar el delito de negligencia en el deber y malversación de fondos públicos.

Este hallazgo se remitió a la secretaria de Justicia y al US Department of Housing and Urban Development el 16 de enero, para que evalúen las situaciones y tomen las acciones que correspondientes.

En los préstamos otorgados se identificaron, además, múltiples deficiencias de control como errores en los por cientos de interés, contratos sin fecha de vencimiento, préstamos sin los permisos para desarrollar el proyecto, y donativo de $25,000 a contratista para comenzar un proyecto, que tenía una deuda vencida con el Municipio.

La auditoría, de siete hallazgos, señala que un exfuncionario municipal pudo haber incurrido en conflicto de intereses ya que su compañía de la cual era director e incorporó en el 2002, obtuvo un préstamo de $150,000 del Programa en el 2005. Este exfuncionario, mientras fue director de Vivienda y Programas Federales desde el 2000 hasta el 2002, realizó gestiones para beneficiarse del préstamo.

Esta situación, contraria a la Ley de Ética Gubernamental y al Code of Federal Regulations, se remitió a la secretaria de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 16 de enero para su evaluación y acción correspondiente.

Del examen realizado a los pagos del recogido de escombros se identificaron pagos en exceso de lo contratado por $9,308, y de la contratación de servicios de sonido e iluminación pagos en exceso por $11,400. Además, el Municipio pagó $29,267 por servicios profesionales de consultoría cuyas facturas no estaban aprobadas por los funcionarios municipales con conocimiento de los servicios prestados.

En contravención del Código de Rentas Internas de 2011, Mayagüez no retuvo $8,590 en contribuciones de dos contratistas por servicios profesionales. Al respecto el Municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir las disposiciones del Código.

El Informe devela que el entonces alcalde de Mayagüez no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal el acuerdo de pago de $40,000 a empleada municipal que ganó demanda al Municipio por despido injustificado. Al respecto, la Legislatura no pudo pasar juicio sobre la razonabilidad de la cantidad pagada en el acuerdo.

La auditoría comenta posibles violaciones al Reglamento Notarial y al Código de Ética Profesional de un asesor contratado por el Municipio quien en el 2003 actuó como notario autorizante de uno de los préstamos examinados en los hallazgos, y en el 2019 en representación del Municipio envió una carta de cobro a uno de los representantes. Esta situación se remitió a la jueza presidenta del Tribunal Supremo el 16 de enero de 2025, ya que un notario autorizante está impedido de actuar con posterioridad, como abogado de una de las partes otorgantes para exigir una contraprestación.

La Legislatura Municipal autorizó al alcalde a transigir una demanda por $90,000, presentada por una empleada en el 2018. La empleada había demandado por persecución, hostigamiento, discrimen político, violación de derechos civiles y despido injustificado. El Tribunal Federal dictó sentencia conforme al acuerdo en el 2022.

Al 31 de diciembre de 2022, estaban pendiente de resolución por los tribunales, 17 demandas civiles que reclaman $31.4 millones por daños y perjuicios, cobro de dinero, y violación de derechos civiles, entre otros.

El presupuesto de Mayagüez sumó de $69.1 millones para el 2018, $61.5 millones para el 2019, $54.5 millones para el 2020, $58.4 millones para el 2021, $61.6 millones para el 2022, y $55.2 para el 2023. Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones en el 2018, $22 millones en el 2019, $24.2 millones en el 2020, $14.4 millones en el 2021, y $1.4 millones en el 2022.

El Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que Mayagüez cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.