El secretario del DRNA insistió que es un hombre íntegro y que siempre supo que el departamento de Justicia no encontraría acto delictivo.

"El que no tiene hechas, no tiene sospechas".

Esa fue la reacción del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, sobre la notificación del Departamento de Justicia que no encontró causa suficiente para creer que se incurrió en conducta delictiva con relación a la Orden Administrativa 2025-001 firmada el pasado 9 de enero.

Para Quiles, el cierre de este capítulo solo le da la tranquilidad a sus allegados y familiares, porque según él, siempre estuvo tranquilo.

"Siempre estuve tranquilo, como decía mi abuelo, el que no tiene hechas, no tiene sospechas. Siempre estuve confiado en que iba a salir bien. Nunca supe si era yo la tarjeta o no lo era. Ayer me enteré, que yo era la tarjeta finalmente y de lo que se me estaba acusando", expresó Quiles.

El secretario informó que nunca fue llamado para interrogarlo.

"Entiendo que con hacer las preguntas a las personas que llamaron se dieron cuenta que realmente aquí no había nada y eso fue lo que sucedió. Aquí realmente no se encontró nada, se despacha el caso y aquí estamos. Es triste que se trate de manchar la reputación de una persona seria porque hay individuos que están tan acostumbrados hablar de corrupción, cuando tienen la integridad de frente no la pueden reconocer. Yo soy una persona íntegra", puntualizó el secretario del DRNA.

La determinación surge tras una investigación preliminar llevada a cabo por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia. Como resultado, la agencia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que no se designe un Fiscal Especial Independiente para investigar al funcionario.

La pesquisa se originó a raíz de un referido sometido el 14 de enero por el senador por acumulación Luis Javier Hernández Ortiz, quien alegó irregularidades relacionadas con la orden firmada por Quiles Pérez el mismo día que asumió el cargo como secretario del DRNA.

Durante la investigación se evaluaron posibles violaciones a los artículos 254, 262, 263 y 269 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con intervención indebida en operaciones gubernamentales, incumplimiento del deber, negligencia y perjurio. También se consideró el artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.

La notificación oficial fue enviada el lunes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, así como a las partes querellante y querellada, cumpliendo con la Ley 2-1988 que rige el funcionamiento de la OPFEI. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, también remitió el informe con los hallazgos de la investigación preliminar.

Tras conocerse la decisión, el senador Hernández Ortiz expresó que la determinación “resulta lamentable” y reiteró que “esta orden administrativa es ilegal” y “benefició a allegados de la Gobernadora y nunca debió firmarse”. Según el legislador, con esta decisión “se abre una puerta que tendrá efectos lamentables y peligrosos para el País”.

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