Senador Héctor "Gaby" González radica proyecto para proteger a los consumidores

El senador Héctor "Gaby" González ha dado un paso decisivo para transformar la experiencia de compra de vehículos usados en Puerto Rico con la radicación del P. del S. 694.

Esta legislación tiene como objetivo establecer un marco legal que proteja a los conductores y propietarios autorizados de ser penalizados por multas o infracciones que ocurrieron antes de que ellos fueran titulares registrales del vehículo.

“Comprar un vehículo debería ser un proceso seguro y transparente, no una fuente de incertidumbre y riesgo”, afirmó el senador González. “Los ciudadanos que adquieren un automóvil de buena fe no deberían enfrentar consecuencias legales por acciones ajenas a su voluntad. Es hora de que el sistema reconozca esta injusticia”.

La problemática se vuelve evidente cuando los nuevos propietarios se encuentran con multas administrativas y bloqueos que datan de antes de su adquisición, a menudo sin saberlo. “La imposición automática de sanciones sin verificar la titularidad es una falta grave que socava la confianza en nuestras instituciones”, agregó González. “Con esta ley, estamos reafirmando el derecho de los ciudadanos a ser tratados con justicia y equidad”.

En la exposición de motivos, el proyecto resalta que cada vez son más los ciudadanos que, tras adquirir un vehículo usado —ya sea mediante financiamiento, compraventa directa o traspasos formalizados según la ley— descubren, meses o incluso años después, que el automóvil conlleva multas administrativas, infracciones de tránsito, cargos por uso indebido del sistema AutoExpreso o bloqueos administrativos. En la mayoría de los casos, estos cargos corresponden a hechos ocurridos antes de que el nuevo dueño apareciera como titular registral del vehículo.

A estos fines, ningún conductor ni propietario podrá ser responsabilizado por hechos ocurridos fuera del período en que ostentaba la titularidad del vehículo. Esto no solo aliviará la carga de los propietarios actuales, sino que también fomentará una cultura de responsabilidad y justicia en el mercado de vehículos usados.

El senador subrayó que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para implementar esta medida. “La tecnología está a nuestra disposición. A través de los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, podemos verificar quién era el titular de un vehículo en un momento específico. Esta capacidad es fundamental para adjudicar responsabilidades de manera justa”, explicó.

Además, la legislación contempla un mecanismo de revisión automática para corregir multas mal imputadas, lo que facilitará a los ciudadanos el acceso a sus derechos. “No se trata solo de evitar sanciones injustas, sino de construir un sistema en el que los ciudadanos tengan una voz y puedan hacer valer sus derechos sin obstáculos innecesarios”, concluyó González.