La evidencia revela que la contratación del arrendamiento de instalaciones y locales en los aeropuertos no se realizaron de acuerdo con la ley.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Puertos.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que la contratación del arrendamiento de instalaciones y locales en los aeropuertos no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que la Autoridad de Puertos permitió la operación del 36% de sus 258 instalaciones comerciales en ocho de sus nueve aeropuertos con contratos vencidos desde el 1993. Esta situación, de no renovar o formalizar nuevos contratos para renta, servicios o proyectos en las instalaciones comerciales de los aeropuertos, no salvaguarda los intereses de la Autoridad.

Los contratos tenían una cláusula contraria a derecho, ya que promovían de forma implícita que el concesionario continuara ocupando la instalación fuera de contrato. La cláusula establecía que si a la fecha de expiración el arrendatario no desalojaba ni entregaba la llave de la propiedad, pagaría una penalidad de ocupación de 10% de la renta mensual por cada día subsiguiente a la fecha de la terminación del contrato. Además, establecía que el arrendatario pagaría una suma equivalente a la renta mensual establecida en el contrato como compensación por el uso y la ocupación de la propiedad arrendada.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que la Autoridad le permitió a un concesionario ubicar por más de 16 años un vagón en un terreno adyacente a uno de los aeropuertos sin pagar por el espacio. Además, seis instalaciones no estaban en el inventario de propiedad y no le requirió la póliza de Certificación de Seguro de Responsabilidad General Comercial de Aviación para ocho contratos.

Debido a la pandemia del COVID-19, la Junta de Directores de la Autoridad acordó reducir el 40% de la renta mensual por 60 días y cobrar el restante 60% del alquiler de las instalaciones mediante plan de pago. Al respecto se otorgaron 82 créditos por $273,015 a 82 instalaciones. Sin embargo, el 61% de los créditos se otorgaron a instalaciones que no tenían contratos vigentes.

La Autoridad le otorgó también incentivos en renta bajo el programa Airport Coronavirus Response Grant, a instalaciones que no tenían contratos vigentes. Esta situación evidencia que los incentivos concedidos no son válidos.

La auditoría devela que un asesor legal de la Autoridad de los Puertos tardó seis años y medio en atender un referido y emitir una recomendación del cobro por $424,910 a un cliente. Esta prolongada tardanza genera la percepción de parcialidad, negligencia y evidencia una gestión deficiente.

La auditoría comenta que la Autoridad de Puertos tenía déficits acumulados por $302.5 millones para los años fiscales del 2018 al 2021. En el estado financiero al 30 de junio de 2021, las cuentas por cobrar ascendían a $15.2 millones. La falta de controles internos en la formalización de contratos y cobro de deudas afecta la liquidez de la Autoridad y refleja activos que pudieran resultar irreales.