La Administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha enfocado todos sus esfuerzos mayores en la obtención del prestamo aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, con el cual podría resolver sus problemas de liquidez.

Al recibir el emprestito de $4,700 millones --producto del programa de Prestamos a Comunidades Afectadas por desastres (CDL, por las siglas en ingles)--, tambien se aplazaría temporeramente un cierre de Gobierno. No obstante, esa subvención se encuentra detenida desde octubre y el equipo de trabajo de Rosselló Nevares no parece contar con un plan para contrarrestarlo porque todos los esfuerzos han consistido en recibir ese monto en particular.

'El Gobierno tiene que siempre estar vislumbrando que opciones hay en terminos de gerencia ante la situación de liquidez. Así que se han mirado varios escenarios, pero el enfoque sigue siendo poder conseguir esa fuente de financiamiento [el prestamo] para continuar operaciones', contestó Christian Sobrino Vega ante el cuestionamiento de NotiCel --hecho por segunda vez-- en relación a cuál es el plan para mantener el Gobierno a flote en medio de estos retrasos federales.

La respuesta del representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) es, en esencia, la misma respuesta que este medio recibió la primera vez que realizó la pregunta. En esa ocasión, surgió minutos antes durante la conferencia de prensa luego de la vista de liquidez organizada por el ente federal.

'Se han estado evaluando que medidas de administración pública, o sea gerencia, se tendrían que tomar y que medidas quizás financieras se tendrían que tomar. Lo cierto es que cuando uno tiene una línea de credito federal autorizada en ley, esa es la prioridad', afirmó Sobrino Vega.

La insistencia sobre el tema logró un 'hemos corrido varios escenarios y eso es lo único que voy a mencionar' como sentencia, luego de confirmar que un cierre de Gobierno se encuentra en el panorama de no recibir el pago.

Durante la vista de liquidez, celebrada en el Centro de Convenciones, la JCF hizo hincapie en el pedido que le han hecho al Gobierno desde sus primeros encuentros: es necesario adoptar una política de transparencia y precisión en cuanto a la recopilación de datos financieros y su posterior difusión con el ente federal y acreedores.

Así, no solo podrían restablecer la confianza de los entes externos en quien maneja el país, sino que abonarían a la sana administración.El pedido, igualmente, cobró más importancia que en ocasiones previas ya que se convirtió en una de las condiciones subyacentes para hacer entrega del prestamo, según impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en ingles).

En una misiva enviada en la primera semana de enero, el Departamento del Tesoro requirió al gobierno local a dilucidar su estatus económico antes de ser recipientes del dinero. Sin embargo, esa tarea podría significar una cantidad indefinida de tiempo.

'Esto es un proceso que toma tiempo. Todavía falta contratar a la firma independiente que va a evaluar estas cuentas de balance, y de ahí, en colaboración con la Junta [de Control Fiscal], establecer un 'timetable' [calendario]', explicó a la prensa Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

El funcionario no quiso comprometerse con un período particular.

Para ajustar cuentas, el Gobierno realizó un análisis a 800 cuentas bancarias de sus entidades, en donde encontraron un remanente de $6,875 millones hasta el pasado 31 de diciembre, distribuido en diversas áreas.

El uso de la mayor parte de esa cifra, empero, está restringido porque esas cuentas están separadas bajo acuerdos o emisiones de bonos, tienen reservas para el pago de la deuda, o alguna ley dispone que deben quedar intactas.

Ejemplo de ello, demostró Portela Franco, son aquellas sujetas a los procesos de quiebra que permite el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica (Promesa, en ingles), como la Autoridad de Energía Electrica.

De esa cantidad, solo $1,694 millones permanecen disponibles sin restricciones.

El estudio de AAFAF no incluyó a los municipios, el Banco Gubernamental de Fomento, las cuentas de inversiones, ni las ramas Judicial ni Legislativa.

A esos fines, miembros de la JCF --como Ana Matosantos, Andrew Biggs y Jose González-- inquirieron a Portela Franco en el cónclave en aras de insistir sobre la publicación de este tipo de informes, su frecuencia y su alcance.

Ante cuestionamientos, el titular de AAFAF aseguró que tanto el y su equipo de trabajo se encontraban en la mejor disposición de cumplimentar, pues el gobierno actual se funda en la transparencia como política pública. Sin embargo, no abordó cómo lo harían.

Afuera, a preguntas de NotiCel, Portela Franco no contestó si habían instruido a las agencias gubernamentales a entregar sus estados financieros auditados con cierta urgencia. Su contestación se basó en que semanalmente se publica la cuenta principal del Departamento de Hacienda, o 'Treasury Single Account' (TSA en ingles), herramienta que por definición consolida los recursos monetarios del Gobierno.'Seguimos trabajando otros tipos de 'reporting' como parte de los requisitos de Promesa y se están trabajando. A la medida que nos sintamos cómodos y que esa data este completa, se va a publicar. Aquí seguimos el mandato de nuestro gobernador de tener transparencia en todo lo que se hace en el Gobierno de Puerto Rico', apuntó Portela Franco.

Tanto la JCF como el Gobierno fueron enfáticos en que una vez se conozca 'en dónde están parados', según Matosantos, suponen cumplirse las condiciones para recibir el prestamo de la manos del Departamento del Tesoro.