El administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, desmintió las alegaciones sobre incumplimiento con la Ley 106-2017, mejor conocida como 'Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos', contenidos en una demanda federal sometida empleados públicos unionados.

Según explicó el Administrador, dicha ley crea un nuevo plan de aportaciones definidas donde las aportaciones individuales de los servidores públicos fueron segregadas y custodiadas mientras la Junta de Retiro lleva a cabo el proceso para seleccionar una entidad administradora para las mismas.

'Al día de hoy, las aportaciones individuales de nuestros servidores públicos se encuentran debidamente separadas y segregadas en una cuenta del BPPR bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Cada centavo que el empleado público ha aportado desde la creación de la ley 106-2017 está separado y custodiado en esa cuenta. Alegar que las aportaciones de los empleados públicos no han sido debidamente separadas es un planteamiento equivocado que se aparta de la realidad', insistió Collazo en comunicación escrita.

El pasado 28 de septiembre de 2018, la Junta de Retiro publicó una solicitud de propuestas (Request For Proposal o RFP) para las compañías interesadas en la implementación, administración y manejo del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas. Este plan va a estar fuera de manos del Gobierno y será un plan muy similar a lo que es un plan 401k. Al momento, la Junta de Retiro se encuentra en el proceso de evaluación de las propuestas recibidas y para diciembre de este año, debe estar seleccionando la compañía que administrará este nuevo plan.

'Uno de los propósitos de la Ley 106-2017, es asegurar el pago de las pensiones bajo el sistema 'PayGo' y lo hemos cumplido a cabalidad. Para esta Administración esas aportaciones son sagradas y han sido debidamente segregadas y separadas de los activos generales y de cualquier otra cuenta del Gobierno', concluyó Collazo Rodríguez.