El gobierno tiene que agilizar la implantación de la vídeolotería y aprobar legislación para evitar que en los próximos meses la precaria situación fiscal de los municipios se agrave aún más, aseguró el presidente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo.

El tambien alcalde de Cidra señaló que se debe actuar con celeridad en lo que resta de este año fiscal con medidas que contrarresten el impacto que tendrá en los municipios pequeños los $184 millones menos que recibirán del Gobierno central.

Esta aportación, de acuerdo con el Plan Fiscal, se eliminará en su totalidad para el 2023 significando $350 millones menos para los gobiernos municipales.

'Hay que buscar soluciones ahora para sustituir esos ingresos', alertó Carrasquillo.

El Presidente del CRIM urgió al Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo que agilicen la implementación de la vídeolotería para que los municipios reciban cuanto antes la inyección de dinero. Propuso que los municipios colaboren con las agencias en el proceso de identificación de las máquinas. De acuerdo con el estatuto, un 40% de lo que devengue el estado por la legalización de las máquinas iría a los ayuntamientos.

'Estos ingresos de la vídeolotería van a ayudar a los municipios una vez se comiencen a cobrar. No hay proyecciones de ingresos porque está basado en supuestos. Los municipios pueden colaborar si esto va a representar un ingreso. Por ejemplo, cada municipio puede hacer un inventario de cuántas máquinas hay', dijo.

Pero la implantación de la vídeolotería no es suficiente para reponer los recortes de las aportaciones del Gobierno central por lo que recomendó crear un fondo de sustitución de la perdida de esos ingresos. Este fondo podría nutrirse del 1.5% proveniente del Impuesto de Ventas y Uso en las ventas por internet así como que el gobierno permita que los municipios retengan los $116 millones del 1.03% de lo que se conoce como la Contribución Adicional Especial (CAE) que actualmente no se está pagando por la moratoria de la deuda.

'Hay cerca de 40 municipios cuyos ingresos por concepto del CRIM dependen más de un 50% del fondo de equiparación. Son municipios pequeños que no tienen capacidad de recaudos por contribuciones sobre la propiedad', señaló el Alcalde.

Carrasquillo dijo que se tendrá que enmendar la ley del CRIM para cambiar la fórmula de distribución del llamado fondo de equiparación el cual dispone que primero se equiparará a los municipios con 50 mil habitantes o menos. Al haber menos fondos se debe buscar un mecanismo que distribuya mejor el dinero.

'Este año se pudo, pero el resto de los municipios no recibió ingresos porque el fondo no alcanzó. Para este próximo año no vamos a poder equiparar ni siquiera a los municipios de menos de 50 mil habitantes', anticipó el Presidente del CRIM.

A estas medidas, se suma la contratación de empresas privadas para aumentar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad, que incluye la posible venta de la millonaria cartera de deudas del CRIM.