Los argumentos a favor y en contra el plan de ajuste de deuda de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA) ya fueron presentados a la juez Laura Taylor Swain, quien podría, o no, anunciar esta tarde si ratifica tanto el acuerdo que divide los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para esa corporación y el Gobierno así como el mencionado plan que devolvería un promedio de 70% de su inversión a los bonistas.

Durante la continuación de la vista para aprobar el plan de ajuste, los objetores del plan insistieron en la falta de evaluación por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la viabilidad del plan. Tal como adelantó a NotiCel el abogado del sindicato PROSOL-UTIER, Rolando Emmanuelli, el testimonio en apoyo al plan que presentó la directora de la JCF, Natalie Jaresko, no cuenta con dato pericial alguno ni cálculos económicos sobre la sostenibilidad del plan, lo que supone una violación a las secciones 201 y 314 de la Ley federal PROMESA.

Por su parte, Gary Eisenberg, uno de los abogados del grupo de bonistas junior GMS Group, argumentó que los terminos del plan no proveen para que la categoría de bonistas que representa sea compensada de la misma manera que los bonistas senior, algo que denota mala fe en el proceso de negociación y mediación. En una línea similar, Peter Hein, tambien abogado del GMS Group, sostuvo que la jueza no puede emitir nuevos bonos sin antes decidir sobre la validez de los viejos bonos.

Hein tambien levantó atención sobre mal manejo de fondos por parte del Gobierno de Puerto Rico, señalando que desde junio del año pasado la Oficina del Contralor registró más de 1,000 contratos de relaciones públicas. Además, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de velar por los intereses de sus acreedores pero en vez está discriminando contra los bonistas junior.

Durante esta vista Swain volvió a permitir un segmento de comentarios públicos, en la que pudo deponer el representante Manuel Natal. En ambas instancias, el legislador trajo a colación el pleito que presentaron para declarar inconstitucional la ley que dió paso a la reestructuración de COFINA, aprobada en noviembre sin vistas públicas. Tambien detacó que el dolor que ha sufrido y sufrirá el pueblo no se ha considerado, dolor que no han experimentado las instituciones financieras representadas.

Siga las incidencias de la vista a continuación.

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