La jueza de quiebras federal Laura Taylor Swain emitirá una decisión por escrito sobre el acuerdo y el plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA).

Tras presidir dos días de vistas, que se distinguieron por incluir participación ciudadana mediante dos segmentos de comentarios públicos, Swain ahora deberá pasar juicio sobre la minuciosidad de las propuestas órdenes que aprueban lo que se convertirá en la reestructuración de las obligaciones de COFINA, que al presente suman $17,000 millones.

Tanto el acuerdo como el plan de ajuste obtuvo el aval de una mayoría de los bonistas de COFINA, aunque quienes se opusieron resaltaron que no tuvieron representación adecuada durante el proceso de mediación que estableció el tribunal. Ese fue uno de los argumentos que llevó un grupo de bonistas subordinados (junior) representados por el GMS Group, tenedores de más de $500 millones en bonos junior.

Gary Eisenberg, abogado del GMS Group, resaltó que durante el proceso de mediación la representación de bonistas junior fue mínima y a su vez mixta pues quienes sí fueron a las sesiones de mediación tambien poseían bonos senior. Ese mismo argumento lo llevó Mark Elliot, quien dirige un fondo de inversión y declaró que a pesar que son más los bonistas subordinados, alegó que el proceso de mediación fue dominado por bonistas seniors.

Cabe destacar que una de las provisiones que acompaña la aprobación del plan de ajuste dispone que las partes que participaron del proceso de mediación tendrán derecho a un bono equivalente al 2% de sus bonos nuevos y que se desembolsarían con la aprobación del acuerdo.

Otra objeción levantada y no resuelta fue la que trajo el bonista junior, Lawrence Dvores. Su señalamiento fue contra del tratamiento contributivo que se les daría a los bonistas de Puerto Rico, quienes tendrán la opción de obtener bonos gravados de 4.55% o bonos sin gravámenes de 4.85%, mientras que los bonistas de Estados Unidos solo podrán obtener bonos gravados.

Su solicitud a Swain, compartida con el GMS Group, fue a esperar por la opinión del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingles) para que evalúe los riesgos relacionados al tratamiento distinto entre bonistas.

Los puntos a favor del plan, en tanto, aputaban al tiempo que ha durado la disputa entre los acreedores de COFINA y los del Gobierno central, una que lleva poco más de tres años. Por otra parte, se hizo referencia al abrumador aval de los bonistas al plan mediante el proceso de votación.

La representante de la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee, Marcia Goldstein, sostuvo que el acuerdo elimina el riesgo que podrían experimentar los bonistas de COFINA y los del Gobierno central de decidirse a quien le corresponden los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), pues de declararse inconstitucional la estructura de COFINA sus bonistas no verían retorno alguno, a pesar que suponen estar garantizados por el gravamen.

Goldstein sostuvo que era importante para ellos llegar a un acuerdo y dar certeza de pago a los bonos de COFINA.

Por su parte, el representante del grupo Ad-Hoc de Bonistas Senior de COFINA, Susheel Kirpilani, reconoció las preocupaciones de los objetores, pero insistió que el acuerdo sirve los mejores intereses de Puerto Rico en la medida que evita un largo y contencioso proceso legal. En respuesta a uno de los argumentos de objeción, que señalaba que el acuerdo de COFINA no se podía desarrollar sin antes tener un plan de ajuste para los bonistas del Gobierno central, Kirpilani sostuvo que el reto de atender los reclamos de todas partes de manera justa supone una tarea caótica.

En ese sentido, comparó el caso de deuda con un rompecabezas, señalando que la mejor manera de resolverlo es comenzando por las esquinas.

Al finalizar labores, Swain agradeció las partes que han estado trabajando el caso y a los ciudadanos que llevaron sus preocupaciones al tribunal. Sostuvo que en su orden se dirigirá sobre los planteamientos que expresaron, aún si no entran en materia de derecho aplicable.