Aunque los abogados Ramón Rosario Cortes y Alfonso Orona Amilivia ya no ostentan relación alguna con el servicio público o La Fortaleza, desde la práctica privada ambos colaboran para asistir a un cliente que ha sido objeto de varias querellas sometidas por aseguradoras ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y que tiene múltiples contratos con municipios, agencias y corporaciones públicas.

Un documento en poder de NotiCel detalla que tanto Rosario Cortes como Orona Amilivia actualmente forman parte de la batería legal de la empresa Scott M. Favre Public Adjusters (SMFPA) junto al tambien abogado y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Andres Guillemard y la abogada Vicky González Vega, quienes representan a SMFPA ante la OCS en una solicitud de investigación sometida por la aseguradora MAPFRE y cuyo trámite continúa ante esa dependencia.

Desde el comienzo de la administración de Ricardo Rosselló Nevares hasta el pasado 31 de diciembre, Rosario Cortes ejerció como secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de Fortaleza. Orona Amilivia, quien tambien comenzó su gestión como principal asesor legal el 2 de enero del 2017, renunció a su cargo voluntariamente el 2 de febrero como consecuencia de un accidente automovilístico que ocasionó mientras conducía en estado de embriaguez.

Guillemard, por su parte, ha estado vinculado con el PNP como donante ávido de la colectividad. Tambien fue señalado en una investigación del programa Jay y sus Rayos X como uno de los abogados que trajo Favre a Puerto Rico para ofrecer sus servicios de ajustador público entre municipios. El otro abogado señalado fue Pedro Ortiz, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, SMFPA mantiene 39 contratos con agencias y municipios. Los contratos le representan a Favre un valor de hasta $4,685,003.

Dicho eso, cabe señalar que MAPFRE no figura como la única aseguradora que solicitó una investigación contra SMFPA ante la OCS. Recientemente, la aseguradora Integrand Insurance reveló que tambien presentó una querella contra Favre el pasado 26 de junio del 2018 al amparo del artículo 27.260 del Código de Seguros, el cual obliga a toda aseguradora o ajustador público a informar actos fraudulentos ante la OCS.

En un comunicado de prensa, Integrand destacó que entre las entidades gubernamentales que contrataron a Favre figura la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), cuya junta de gobierno preside el comisionado de la OCS, Javier Rivera Ríos. La aseguradora señala que denunció el particular por entender que tanto el Comisionado como sus empleados de confianza tienen un conflicto de interes con la querella que ellos presentaron para investigar a Favre, la cual aún no ha sido resuelta.

Las expresiones de Integrand surgen un día despues que la OCS emitiera una orden para que la aseguradora suspenda la suscripción de pólizas nuevas de propiedad personal y comercial con relación a eventos catastróficos. Esa orden tambien establece que se tienen que dejar sin efecto los aumentos de pago de comisiones notificados a los productores y representantes autorizados, suspende la declaración y pago de cualquier clase de dividendos y obliga a Integrand a someter informes financieros regulares e interinos mensualmente ante la OCS.

Ante la decisión de la OCS, Integrand denunció que la OCS no les proveyó tiempo para responder a la orden, optando por difundir sus argumentos en un comunicado a los medios. La aseguradora indicó que la orden podría causar daños irreparables a sus productores y asegurados y además aduce a una percepción errónea sobre la estabilidad de la compañía.