Un mar de sombras rodea la otorgación del contrato de $132.8 millones a la empresa Adjusters International, Inc. para manejar el programa de reconstrucción de hogares damnificados por los huracanes Irma y María en Puerto Rico.

El jugoso contrato, que será pagado con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) se encuentra bajo la mirilla de la una Junta Revisora de Subastas tras ser impugnado el pasado 28 de diciembre por AECOM, una de las cuatro empresas licitadoras del proyecto.

La moción plantea que de acuerdo a los criterios de evaluación, Adjusters Internacional, debió ser descalificado durante el proceso pues incumplía con los requisitos mínimos de capacidad económica y certificación para proporcionar servicios al gobierno ni estaba en cumplimiento para hacer negocios en Puerto Rico ('good standing') al momento de someter su propuesta.

El vicepresidente Adjusters International es Daniel Craig, quien fue objeto de una investigación federal por alegado conflicto de intereses en la adjudicación de contratos de FEMA luego del huracán Katrina. Había sido nominado por el presidente estadounidense Donald Trump para ser segundo al mando de la agencia federal, pero Carig retiró su candidatura cuando trascendió que fue señalado en un informe del Inspector General y del Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en ingles) por falsificar registros de viajes oficiales de esa agencia bajo la administración del presidente George W. Bush.

El proceso de solicitud de propuestas (RFP) culminó el 21 de noviembre pero Adjusters International, Inc. no aparece registrada hasta el 22 de noviembre en el Departamento de Estado, donde sometió una certificación bajo la corporación Adjusters International Puerto Rico, LLC. La vigencia de la autorización es a partir del 28 de noviembre.

El Departamento de la Vivienda presuntamente cambió las reglas de juego en medio del proceso para beneficiar a la empresa, que hasta el cierre del proceso de solicitud de propuestas (RFP) no contaba con Certificado de Autorización para hacer Negocios como Corporación Foránea que emite el Departamento de Estado.

Asimismo, Vivienda enmendó el requisito de capacidad financiera para permitirle a los proponentes flexibilidad en demostrar la disponibilidad de $35 millones, ya fuera en una cuenta bancaria, línea de credito o combinación de ambas, según la moción de reconsideración a la que tuvo acceso NotiCel. La enmienda al RFP se hizo despues que un banco certificó que Adjusters no cumplía con los requisitos financieros mínimos de la línea de credito.

'El record del proceso confirma que esto se hizo solo un día despues de que la parte beneficiada por la adjudicación recibiera una carta bancaria que no cumplía con los requisitos financieros mínimos establecidos inicialmente en el RFP', señaló a este medio una fuente allegada al proceso administrativo.

Considerando los hechos, el Departamento de la Vivienda demostró que no realizó la adjudicación en función de la puntuación de evaluación que establecen los criterios de evaluación del RFP tomando en cuenta que la evaluación tecnica de las propuestas colocó a AECOM-CPM en el rango más alto con 77.44 puntos, mientras Adjusters obtuvo 70.06.

Tanto Vivienda como Adjusters tenían hasta ayer, jueves, para someter sus argumentos ante la Junta de Revisión de Subastas.

'Como proponentes con la oferta mejor calificada, creemos firmemente que nuestra propuesta representa el mejor valor y que, por tanto, el contrato debe ser adjudicado a nuestro favor. Tenemos la esperanza de que el Departamento de la Vivienda llegue rápidamente a una decisión favorable sobre este asunto y que podamos impulsar el proceso de recuperación en Puerto Rico', expresó en declaraciones escritas, Vahid Ownjazayeri, vicepresidente ejecutivo de AECOM-CPM Joint Venture.