La Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos asignó agentes especiales a Puerto Rico para investigar fraudes con contratos, solicitudes a programas de beneficios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles), robo de identidad, fraude en la modalidad de hacerse pasar por funcionarios federales y problemas disciplinarios de empleados federales.

Asimismo, planifica auditorías de capacidad para Texas, Florida y Puerto Rico, donde los huracanes Harvey, Irma y María causaron estragos durante el 2017. Este tipo de auditorías identifica áreas donde los beneficiarios (o sub beneficiarios) de programas o contratos de FEMA necesitan asistencia tecnica o monitoreo para asegurar que cumplen con los requisitos federales.

Otras tareas de la OIG en Puerto Rico relacionadas a FEMA incluyen:

Identificar los retos sobre la provisión de toldos.

Revisar los contratos de Whitefish Energy, Cobra Acquisitions, Bronze Star LLC y Tribute Contracting LLC, entre otros.

Identificar controles adicionales para solicitantes de 'alto riesgo'.

Auditar el Programa de Refugio Temporero (TSA por sus siglas en ingles).

Auditar el Programa ade Refugio y Energía Temporera (STEP por sus siglas en ingles).

Investigar la preparación, manejo y distribución de suministros.

Analizar las lecciones de las decisiones entre reparación y otorgación de fondos para sustituciones.

Revisar el plan de FEMA para usar procedimientos alternativos en el Programa de Asistencia Pública.

Revisar las operaciones de remoción de escombros.

Investigar los procedimientos para el pago de horas extra de la Policía de Puerto Rico.

Analizar consideraciones federales respecto a la privatización de la Autoridad de Eneroía Electrica (AEE).

Identificar la duplicidad de beneficios federales en coordinación con la Administración de Vivienda federal.

Analizar los costa de la reparación de la represa del lago Guajataca.

De otro lado, la OIG tambien dedica un grupo de trabajo especializado en análisis forense digital para identificar y analizar evidencia y datos del gobierno, comercios, y repositorios de información pública para destapar fraudes, mal manejo o abuso de programas de asistencia durante desastres.

Los planes de la OIG se desprenden de la ponencia presentada hoy por su inspector interino, John V. Kelly, quien se presentó hoy, jueves, ante el Comite de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes federal. La vista se celebró para repasar las respuestas de emergencia a los desastres naturales ocurridos en 2017.

Durante la misma, Kelly destacó que entre 2015 a 2017 su Oficina identificó al menos $256 millones en contratos otorgados por FEMA que no cumplían con los requisitos. Más aún, indicó que FEMA no ha trabajado en corregir señalamientos contenido en sobre 37 auditorías llevadas a cabo entre 2013 y 2017.

Asimismo, el Inspector advirtió que la plantilla de empleados de FEMA es insuficiente y algunos reservistas siguen siendo enviados a zonas de desastres sin tener los conocimientos, destrezas ni entrenamiento adecuado para asistir apropiadamente a los damnificados.

Durante los primeros cinco meses del año fiscal 2018, la OIG ha recibido más de 14,600 querellas contra FEMA. En este periodo, los desastres de Harvey, María e Irma produjeron al menos 13,400 de estas quejas, resultando en 220 investigaciones. Los números siguen aumentando con el paso del tiempo.