En dos contenciosas resoluciones aprobadas mediante voto en bloque de la mayoría de jueces nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, el Tribunal Supremo aprobó el viernes en la noche cambios al Reglamento del Tribunal de Apelaciones y crea un Reglamento para Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia.

Los tres jueces nombrados por gobiernos del Partido Popular Democrático (PPD) rechazaron los cambios por entender que son una erosión inconstitucional del poder que tiene la Jueza Presidenta para administrar los tribunales porque, esencialmente, trasladan lo que eran facultades de la Jueza Presidenta al Pleno del Supremo.

Los cambios responden tambien a la Ley 120, aprobada el año pasado por la Administración Rosselló Nevares, que ordena al Supremo a revisar estos renglones.

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A continuación los cambios:

En el Reglamento del Tribunal de Apelaciones se enmendaron las Reglas 4, 5, 7, 9, 60 y 87

Ahora será el Pleno del Tribunal Supremo quien determinará la asignación de los jueces y juezas que compondrán los paneles del Tribunal de Apelaciones.

Con el metodo dispuesto, designarán los presidentes de paneles por antigüedad y por medio de tómbola se seleccionarán los jueces y juezas que compondrán cada panel.

En cuanto al nuevo Reglamento de Evaluación, se dispone que la Comisión de Evaluación Judicial tendrá un presidente y ocho miembros nombrados por el Pleno, así como que el Pleno nombrará al Director de la Comisión. Actualmente, la Comisión de Evaluación la preside la Jueza Presidenta, tiene una Directora Ejecutiva y los miembros, que quedarán relevados con los nuevos nombramientos, son los licendiados Guillermo Arbona Lago, Carmen Girod Solivan, Carlos Rivera Martínez, Tomás Román Santos Hadassa Santini Colberg y Beatriz Vázquez de Acarón, así como por la Dra. Glenda Labadie Jackson y Frances Torruella de Alustiza.

Igual que el andamiaje anterior, la nueva Comisión realizará evaluaciones de los jueces y podrá, entre otras, recomendar al Pleno asignaciones, traslados, designaciones y cualquier otra medida que a su juicio pueda 'resultar beneficiosa para la judicatura'.

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