Como parte de sus labores de supervisión y su lucha por la transparencia, la Junta de Control Fiscal (JCF) elaboró una herramienta digital para medir el nivel de cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con los planes fiscales certificados.

A finales de agosto, la JCF firmó un acuerdo con la Oficina del Contralor y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) para estos fines, con datos desde contratos, certificaciones, hasta transferencias.

Según la directora ejecutiva Natalie Jaresko, el recurso 'interactivo' permitirá a la JCF y al público mayor visibilidad respecto a las reformas solicitadas en las diferentes agencias públicas y su ejecución.

'La Junta está monitoreando la implementación de 128 planes, reflejado en cientos de medidas a traves de las agencias. Ahí es que mediremos el exito. El público podrá medir el nivel de cumplimiento del Gobierno con los planes de implementación y los requerimientos de reportes financieros con ese sitio interactivo en nuestro portal', anunció Jaresko durante la decimoquinta reunión pública.

Aunque no especificó el día en que será develada, la herramienta supone estrenar esta semana en la página https://juntasupervision.pr.gov.

En su mensaje, Jaresko señaló que las revisiones más recientes al Plan Fiscal del Gobierno --aprobado durante esa reunión, celebrada el martes en la mañana-- se enfocaron en la actualización de información y la inclusión de datos más certeros.

El documento, por ejemplo, no contempla la entrega del bono de Navidad para empleados públicos, uno de los puntos de disidencia con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

No es la primera vez que la JCF le sale al paso al Gobierno de Puerto Rico respecto a su transparencia. En agosto, la entidad financiera le exigió a la Legislatura mayor información referente a sus operaciones, como informes de asistencia de empleados, reportes de efectivo y liquidez, presupuestario mensual, y una reconciliación bancaria.

El pedido tambien fue remitido a la Corte Suprema de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Derechos Civiles, y la Oficina del Ombudsman.

En ese aspecto, la JCF otorgó un plazo para la entrega, cosa que la Legislatura cumplió de forma tardía, luego de insistir en que no lo haría.

Días despues de sus requerimientos, la JCF puso sus records financieros a disposición del IEPR mediante un acuerdo colaborativo para la publicación del uso de su presupuesto de $60 millones anuales.

Previo a estas incidencias, no existe algún precedente que indique que todas estas entidades acostumbraban presentar de manera mensual informes de presupuesto, liquidez, asistencia de empleados y balances en cuentas bancarias, ni reportes públicos mensuales sobre el uso de escoltas y gastos de oficina.