Tras la octava reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF) que concluyó la certificación del presupuesto para el próximo año fiscal 2017-2018 que inicia mañana, sábado, hubo varias partidas que el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico catalogó como 'no discrecionales', y por ende, intocables.

Entre las partidas que la JCF indicó no serán tocadas figura el propio ente fiscalizador, a pesar de las múltiples quejas de varios sectores del país, como la Asamblea Legislativa. Aún así, la Junta no dio tregua y aseguró sus gastos por encima de otras partidas, que datan de cinco millones de dólares mensuales.

Además de la JCF, otras asignaciones presupuestarias que figuran como no discrecionales son: la formula de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por la cual la institución inyecta su operación diaria; el presupuesto de la Legislatura, el cual se aprobó por la JCF con $24 millones menos al ya estipulado, lo que indica que de $147 millones presupuestados, la Rama Legislativa recibirá $123 millones.

Asimismo, son catalogadas como partidas presupuestarias sin tocar las concernientes a los municipios, los cuales ya habían recibido un recorte de $175 millones en este presupuesto. La Rama Judicial y las pensiones enmarcan, además, otros dos entes a los cuales no se les tocará su partida.

Aunque los servicios de salud se han mencionado como 'servicio escencial', fueron clasificados como'semi discrecionales', particular que pudiera llevar a que la partida asignada se reevalúe.

Mientras, entre los servicios que quedarán a discreción tanto del Gobierno como de la Junta, figuran: las rentas de las utilidades gubernamentales, los contratos por servicios profesionales y los materiales y equipo que se compre para cualquier particular.

Tanto estos servicios discrecionales como los no discrecionales llevaron a un presupuesto consolidado del Fondo General de $9,562 billones del cual $4, 653 será destinado a la salud; $2,015 se ubicarán para seguridad, y $3,972 para educación. Estas asignaciones que se destinan a las tres ramas de servicios escenciales a las que alude la Constitución, enmarcan $10,640 millones de los $9,562 billones.

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