El Gobierno de Puerto Rico incumplió otra vez con la Junta de Control Fiscal (JCF) al no suplir a la entidad acceso a información sobre las finanzas de la Isla, bases de datos y aplicaciones desplegadas a lo largo de más de un puñado de agencias que administran los sistemas fiscales de toda la estructura gubernamental.

Mediante una carta firmada por su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y dirigida al principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en ingles), Raúl Maldonado Gautier, la Junta otorgó un plazo que venció ayer, 4 de febrero, para cumplir con los requerimientos.

'El Gobierno no ha entregado la información que se solicitó', respondió de manera escueta la JCF a este diario digital, por voz de su oficial de prensa, Jose Luis Cedeño.

En la misiva, con fecha del 28 de enero, la JCF requirió acceso a los sistemas que contienen datos financieros, pedido que incluía los sistemas administrados por: el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Administración de Servicios Generales y la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos.

Además, amparándose en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), la JCF exigió un 'inventario completo' de los sistemas de información utilizados por la Oficina del Principal Oficial Financiero. Entre ellos se encontraban 'hojas de cálculo, bases de datos, depositarios y/o aplicaciones utilizadas para recopilar y procesar datos financieros del gobierno'.

NotiCel envió peticiones a la oficina del CFO, al igual que AAFAF, para conocer su versión de los hechos, pero al momento no se ha recibido respuesta.

Maldonado Gautier se encuentra bajo el escrutinio público debido a los contratos de su hijo, Raúl Maldonado Nieves, con agencias de gobierno así como sus discrepancias con la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes Marimón.

Al final de su carta, Jaresko señaló que el cumplimiento con este pedido sería más eficiente y efectivo si el CFO designa a un tecnico con conocimiento sobre los sistemas de información y los datos requeridos.

Este no es el primer choque entre la JCF y el Gobierno pues hace una semana Jaresko envió otra carta en la cual le recordó al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Hector Pesquera, que no ha entregado el plan de implementación de recortes en seis de los siete negociados que maneja, según solicitado por la JCF.

Del mismo modo, en diciembre del pasado año, la Junta le recordó a la administración de Ricardo Rosselló Nevares que el cumplimiento con la Ley PROMESA no era opcional, por lo que debe someter para la revisión del ente las órdenes ejecutivas, leyes y reglamentos, así como informes trimestrales de presupuesto.

Previo al recordatorio, se vio sumida en una batalla de transparencia con el Senado y la Cámara de Representantes, a quienes tambien le impusieron un período de entrega sobre información operacional y financiera. En ese momento, el presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, respondió al requerimiento de información con uno similar hacia la JCF.

No obstante, y aunque carecían de especificidad, los datos disponibles de la JCF --que suscribió un acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Oficina de la Contralora-- superaban aquellos divulgados por la Asamblea Legislativa.