La Junta de Control Fiscal (JCF) contratará firmas especializadas para asistir en el análisis, el monitoreo y la implementación de nuevas medidas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y en los municipios de Puerto Rico, luego de anunciarles que les requerirán someter sus propios presupuestos y planes fiscales al ente a partir de este verano.

El anuncio se dio ayer, jueves, por escrito tras la decimosexta reunión pública en forma de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en ingles).

En el cónclave, se determinó que los 78 municipios de la Isla se convertirían en entidades cubiertas bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, en ingles). Sus implicaciones comenzarían por 10 ayuntamientos y el CRIM, que desde el 2016 era una entidad cubierta bajo la ley federal.

'A la firma se le va a requerir que aconseje, revise y asista en el desarrollo, la implementación y el monitoreo de las medidas fiscales dirigidas a mejorar las eficiencias operacionales de los municipios y el CRIM, así como sus funciones de colectar ingresos. La Junta busca propuestas de firmas cuya combinación de experiencia y expertise provea servicios a tiempo, costo efectivos y de calidad', reza el documento publicado por la JCF.

La solicitud, publicada en el portal de la Junta y que estará activa hasta el viernes, 17 de mayo, detalla las labores que realizaría el o los contratistas, lo que a su vez revela la información que le será exigida a los municipios y al CRIM:

Evaluaciones fiscales, financieras, presupuestarias y de desarrollo económico de los municipios.

Formulación de recomendaciones para mejorar las operaciones y planes financieros municipales y promover el desarrollo económico a nivel local.

Desarrollo, implementación, supervisión y evaluación de planes fiscales y presupuestos.

La empresa debe poder identificar cualquier riesgo de ejecución tanto en la planificación como en la implementación de planes fiscales y presupuestos para los municipios.

La empresa debe poder ayudar con las funciones de la Junta en relación con los planes fiscales y presupuestos para los municipios.

La firma debe tener experiencia relevante en Puerto Rico y un conocimiento sólido sobre el marco operativo, financiero, presupuestario, económico, y legal y reglamentario de los municipios, y poder colaborar con la Junta, el Gobierno de Puerto Rico y los municipios para permitir el cumplimiento de los planes y presupuestos fiscales y medidas relacionadas.

La firma debe tener experiencia relevante en el trabajo con adquisiciones y gestión de subvenciones federales, incluida la financiación federal de socorro en casos de desastre.

El documento no especifica cuánto dinero la JCF pagará por los servicios. No es la primera vez que la JCF publica un RFP para algún asunto en su radar, pues han anunciado este tipo de convocatorias para abogados locales para formar parte del Comite de Reclamaciones Especiales y para la contratacion de un investigador independiente de la deuda de Puerto Rico, entre otros.

Luego de la reunión de la Junta, el representante del Gobernador ante este grupo, Christian Sobrino Vega, mostró preocupación porque la cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo esta encomienda era insuficiente, por lo que no le auguró exito a la JCF.

En relación al CRIM, las movidas de la JCF surgen en medio de una evaluación gubernamental respecto a las recomendaciones hechas a principios de año por consultores del Departamento del Tesoro Federal para reformar el impuesto a la propiedad. Asimismo, surge en medio de la contratación de la empresa Garnet, designada para realizar una evaluación completa de la millonaria cartera de deudas por cobrar para determinar si es viable su venta.

Lo que busca la JCF con el CRIM, según el RFP, es:

Desarrollar e implementar iniciativas operativas de ahorro de costos.

Aumentar su eficiencia en sus funciones de recaudación de ingresos.

Medir su desempeño mediante un marco de monitoreo, provisto por la firma contratada.

Como parte de la reforma a la propiedad, el Tesoro Federal sugirió sustituir el cobro de la propiedad inmueble por un cargo sobre el terreno y eliminar el poder de los municipios de otorgar exenciones contributivas adicionales a las que otorga el Gobierno Central. Los consultores del Tesoro propusieron, además, reducir las exoneraciones a hogares para implantar un sistema en el que toda propiedad residencial pague un impuesto mínimo, similar al establecido en Hawaii.

Mira el RFP publicado por la Junta: