El presidente de la Comisión cameral de Hacienda y PROMESA, Antonio 'Tony' Soto Torres, anticipó el miercoles enmiendas al presupuesto a la vez que reconoció que la Legislatura busca evitar que este sea impugnado en el Tribunal.

'Aquí estamos bajo el marco legal del Título 3 y el presupuesto va a ser cuestionado en los Tribunales. Lo que no queremos es que el presupuesto sea impugnado en el Tribunal. Cualquier partida que dejemos y no sea para servicio esencial, cualquier acreedor puede entrar al Tribunal y reclamarla', explicó el Representante.

'Respondiendo a las inquietudes de la Junta Fiscal, se estarán haciendo modificaciones al presupuesto, para asegurarnos de que el pueblo de Puerto Rico tenga la tranquilidad y la certeza de que tendremos un presupuesto aprobado democráticamente por la Asamblea Legislativa y que pueda ser certificado por la Junta', dijo el representante a preguntas de la prensa, junto con su contraparte en el Senado, Migdalia Padilla.

Cuestionado sobre las Asignaciones Especiales señaladas por la Junta de Control Fiscal (JCF), dijo que estas responden a partidas presupuestarias, como por ejemplo, la Red Sísmica de Puerto Rico. También se incluyen fondos para celebración de actividades como festivales.

'El presupuesto tiene dos Resoluciones conjuntas. Una que contempla el gasto de nómina y operaciones de las agencias que es de alrededor de 4 mil millones de dólares y hay otra de Asignaciones Especiales que asciende a 5 mil y pico de millones de dólares. Obviamente, la Junta nos ha llamado la atención de aquellas partidas que son discrecionales. En algunas hay partidas que son para presupuestos de agencias. Y hay otras que son para festivales y carnavales', señaló Soto Torres.

'La preocupación es si en la situación fiscal que enfrentamos, esos fondos deben destinarse a festivales o carnavales o a servicios esenciales. Pero también tenemos que ver el impacto de esas partidas en alguna región o municipio', añadió.

Por su parte, la senadora Padilla explicó, que hay otras Asignaciones Especiales en el presupuesto, para el pago de las pensiones, el pago de la Lotería y el Hospital Industrial.

'No podemos olvidar que muchas de las medidas de recaudo fueron presentadas en órdenes ejecutivas que después se convirtieron en ley', señaló la Senadora.

Mientras, el representante popular, Luis Raúl Torres Cruz, solicitó a Soto Torres que cite a las vistas públicas sobre el Presupuesto al Presidente y a los miembros de la JCF para aclarar información.

Torres Cruz señaló que en la presentación del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF), Gerardo Portela, quedó a disposición de la Junta certificar el presupuesto recomendado. Además, la JCF tiene la autoridad y el poder para imponer y certificar su propio presupuesto si a su juicio el Gobernador y la Asamblea Legislativa no proponen un presupuesto aceptable y en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado.

'Es imperante e impostergable que se cite a las vistas públicas al Sr. José Carrión III, Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, para que conteste cuales fueron sus exigencias, disposiciones de partidas, establecimiento de prioridades para los servicios esenciales, pagos al servicio de la deuda y los fondos asignados para gastos de la propia Junta, que son $60 millones asignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 187', señaló Torres Cruz.

'Estas vistas de Presupuesto son una pantomima, pues cualquier asignación o cambio que le haga la Asamblea Legislativa, está sujeta a la voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal. Queremos conocer si lo que se ha dispuesto en este Presupuesto proviene de la voluntad del Gobernador Rosselló y su equipo financiero o de la Junta de Supervisión Fiscal. No podemos permitir que los sacrificios que se le están imponiendo a los pensionados, trabajadores del gobierno y a la ciudadanía en general a través de los recortes y los 91 Impuestos nuevos sean escondidos responsabilizando a la Junta cuando provienen del gobierno de Rosselló y la Legislatura PNP', acotó el legislador.

'La Constitución de PR establece que la responsabilidad de recibir, evaluar y aprobar el Presupuesto del Gobierno de PR es de la Asamblea Legislativa y comienza en la Cámara de Representantes. Por eso, la Junta no puede usurpar nuestras funciones y si fuera necesario debemos acudir a los Tribunales', sentenció Torres Cruz.