El gobernador Ricardo Rosselló defendió hoy el gasto en representación legal en el caso de Título III aduciendo que como Gobernador tiene que invertir en los mejores intereses del pueblo.

Rosselló respondió así a declaraciones hechas por la Junta de Control Fiscal, que aseguró que la representación legal del Gobierno ha resultado en una 'duplicidad de trabajo'.

De igual manera, la jueza federal a cargo del caso, Laura Taylor Swain, acogió las recomendaciones del informe del examinador de tarifas para aprobar el pago de $49 millones en facturas correspondientes a los primeros cuatro meses del procedimiento de quiebras.

El informe del examinador Brady Williamson, de la firma Godfrey & Kahn, hacía varios señalamientos respecto las prácticas de facturación por parte de los profesionales envueltos en el pleito. Su escrito hace referencia a duplicidad de labores, registr inadecuado de tiempo trabajado y falta de detalles en la descripción de tareas hechas.

'Aunque es cierto que por ley, la Junta de Control Fiscal es la que representa a Puerto Rico en el proceso de Título tres, llegamos a un acuerdo de colaboración de que el gobierno de Puerto Rico tambien iba a estar trabajando porque despues de todo es al pueblo que estamos defendiendo', dijo Rosselló en el programa Jugando Pelota Dura.

'Lo cierto es que enfocarte en una sola parte de unos gastos de Título III que ellos han pedido aumentar… no miras toda la historia', afirmó Rosselló.

'Nosotros tenemos que invertir en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y por eso es que tenemos que invertir en esa área. Titulo III representa la oportunidad de ver cómo verdaderamente se va a reestructurar la deuda. Si hacemos eso mal, estamos hablando de decenas de billones de dólares de diferencia potencialmente. Si lo hacemos bien, entonces posicionamos a Puerto Rico de cara hacia el futuro a que pueda tener acceso a los diversos mercados', alegó el Primer Ejecutivo en defensa de los gastos en abogados que han sido criticados.

La Junta de Control Fiscal hizo su alegación de duplicidad de trabajo en unas cartas enviadas al gobernador Ricardo Rosselló y al Congreso de los Estados Unidos.

De acuerdo a los documentos, la Junta ya funge como representante legal de las distintas agencias de gobierno que han radicado quiebra en la isla y aunque estas tienen derecho a mantener su representación legal, esto ha significado un gasto innecesario para el pueblo puertorriqueño.

'Según la sección 315(b) de PROMESA, la JCF es el representante legal de cualquier deudor en los procesos de Título III. A la fecha, eso ha significado que la JCF es el representante legal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades como la Autoridad de Energía Electrica (AEE)', lee la misiva.

'Sin embargo, el Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades, incluyendo AEE, han mantenido sus propios abogados y asesores para el proceso de Título III, con el pretexto de que los intereses del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades difieren de esos de la JCF', continua la carta.

A tal razón, la JCF imploró al gobierno a 'cooperar con nosotros en estos esfuerzos'.

Sin embargo, Rosselló se mantuvo en que su administración colabora con la Junta en este caso.

'No es que hablamos, sino que colaboramos para el asunto del Título III, sí hemos diferido en los planes fiscales, pero en el titulo III estamos trabajando en conjunto', manifestó.

Durante la más reciente vista, Swain reconoció la cantidad de abogados que tienden a asistir a las vistas así como la calidad de los profesionales que llevan el caso, pero aclaró que la concurrida asistencia no era necesaria en las etapas de infancia de este procedimiento.

Tambien señaló que ha percibido la duplicidad de trabajos en los informes que ha recibido, que en ocasiones tienden a ser repetitivos, indicativo de una falta de coordinación entre las partes que coinciden en sus argumentos.

Para evitar estas prácticas, el informe recomendó que se coordine de antemano los profesionales que asistirán a las vistas y que sean quienes se dirigen a la corte los únicos que pueden facturar, algo que Swain acogió.

La jueza advirtió que de no cumplirse los cambios de comportamiento y siga el 'overstaffing', implantará mayores ajustes.

Lee aquí las cartas enviadas por la Junta de Control Fiscal:

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