El cambio de enfoque y magnitud que la Junta de Control Fiscal (JCF) le pidió al Gobierno de Puerto Rico cuando le otorgó unos días adicionales para que revisara su Plan Fiscal no se refleja en el documento entregado esta madrugada.

Lo que sí hace, como se había adelantado, es integrar la entrada de la ayuda federal por desastre anunciada la semana pasada para una proyección que, excluyendo el servicio de la deuda, refleja un superávit en recaudos de $3.4 billones al 2023.

Vea el Plan Fiscal revisado:

Vea la carta de la JCF del 5 de febrero:

Pero la mayoría de las exigencias de la carta de la JCF el 5 de febrero pasado parecen no estar atendidas, lo que deja planteada la posibilidad de que la Junta decida ejercer el poder que le da la Ley PROMESA de certificar su propio plan. Destaca que:

La Administración Rosselló mantuvo la 'posición sobre status político' que la Junta había advertido sería un impedimento para la certificación del plan.

No se abordan los recortes de pensiones del 25% a todo el que tenga pensión mensual de más de $1,000.

No hay el detalle pedido sobre el rendimiento de los programas y servicios por agencia para determinar las acciones específicas para la reestructuración de su tamaño, que en última instancia persigue el objetivo de quedar con 35 agencias de las 118 existentes. Tampoco se aborda cómo se va a reducir la plantilla de empleados públicos más allá de dejando que se retiren o renuncien.

No está la creación de la agencia de Desempleo Juvenil para atender la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo.

No hay detalle de implantación para las reformas a nivel municipal.

No hay lista de prioridades en proyectos de reconstrucción ni especificidad sobre cómo se va a reconstruir con resiliencia.

No están las medidas específicas para mejorar la posición de Puerto Rico en el Ease of Doing Business Index del Banco Mundial.

No se habla de cambios adicionales a la reforma laboral.

Sí hay más detalle de cómo funcionaría la Oficina del Principal Oficial Financiero (el Secretario de Hacienda).

En esa línea, el Plan Fiscal revisado incluye gastos en el presupuesto por el caso que continúa en curso bajo el Título III de la Ley federal Promesa. Este año fiscal, $1,067 millones serían destinados a estos fines acumulando $4,748 millones en gastos para el 2023.

Por otro lado, el Plan elimina ajustes de reconciliación e incluye a la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) en el Fondo General bajo los ingresos por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Los impuestos recaudados de individuos y corporaciones muestran una baja de 19.8% a 12.4% del año fiscal 2017 al 2018 tras la emergencia dejada por la pasada temporada de huracanes. Solo para el 2018, la caída de recaudos por IVU se sitúa en diez por ciento, pero el consumo en general debe crecer entre el años fiscales 2019 al 2023 para una captura constante de 67.9 % del IVU.

Aunque el Plan proyectó un decrecimiento del producto nacional bruto de 3.9 por ciento, luego de los huracanes se ubica en negativo 11 a la vez que la inflación aumenta de 1.2 a 2.1%. Además, el crecimiento poblacional decae a menos 7.7% junto a una caída de -19.8 % en ingresos.

Los gastos en la recuperación ascienden a $11.9 billones. De igual modo, se incluyen los fondos de recuperación otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en Ingles) como gastos mientras el pareo de fondos se refleja por separado.

Entre los pedidos que había hecho la JCF para la revisión de los planes fiscales de Gobierno central y las Autoridades de Energía Electrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA) -estos últimos dos aún sin divulgar-, se encontraban los detalles de las medidas tomadas por el gobierno para facilitar negocios, abrir el mercado laboral y las inversiones, así como los parámetros y agenda para las reformas laboral, tributaria. de infraestructura, y de la AEE.

En el Plan divulgado hace unas horas, se detallan proyecciones de los ahorros que supondrá para el gobierno la reforma tributaria y el cambio en el procedimiento de compras del gobierno. Además, toma como base los proyectos de consolidación de agencias que se discuten actualmente en el Legislativo así como la reforma de permisos y la Ley de Nuevo Gobierno para cumplir con el pedido de mayor información sobre cómo se facilitarán los negocios en Puerto Rico.