La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Electrica (AJAEE) recurrirá 'hasta las últimas consecuencias' para evitar la confiscación del dinero correspondiente a su retiro por parte de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Parte de esas acciones, que se elevarán de manera progresiva, incluyen acudir a los tribunales para impedir que el Primer Ejecutivo se apropie del Sistema de Retiro de los empleados de la corporación pública.

Así lo demostró un nutrido grupo de jubiladas y jubilados, quienes se presentaron el medio día del miercoles en las afueras de las oficinas centrales de la AEE, en Santurce, y establecieron una línea de piquete.

De acuerdo al portavoz del colectivo, la administración de Rosselló Nevares pretende cambiar el Plan de Beneficios Definidos con el que cuenta la AJAEE a un modelo de Plan de Contribución Definida, como lo es el 401(k) de los maestros y que actualmente está en disputa.

'Quieren confiscar el fondo de pensiones de nuestros jubilados, y decimos nuestro porque el Gobierno no pone ni un centavo. Nosotros tenemos la preocupación de que puedan hacer lo que hicieron con el fondo de Retiro de los maestros, que dicen que lo van a pagar y ahora lo que hay es una incertidumbre', declaró Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la AJAEE, en conferencia de prensa.

Actualmente, cuentan con $1,000 millones de capital existente, dinero que garantiza el pago de sus beneficiados por los próximos años.

La AJAEE representa a unos 12,000 trabajadores, tanto jubilados como aquellos a punto de retirarse.

El reclamo surge luego de que Rosselló Nevares decretara mediante la Orden Ejecutiva (OE) 02-2018 la emisión de informes actuariales y estados financieros auditados del Sistema de Retiro de la AEE para los años fiscales 2015, 2016 y 2017.

Como parte de su argumento, escrito en el documento, señaló que 'ciertos miembros de la Junta de Síndicos' de la AEE han obstruido el procesamiento anual de esos datos.

No obstante, de acuerdo a la organización, esa información ya existe, pero sus recomendaciones no han sido implementadas. En ese sentido, Rodríguez Ortiz aludió a que la administración de turno busca modificar esas especificaciones a su conveniencia.

'Como no han logrado las concesiones de nuestros síndicos [en la Junta de Gobierno de la AEE], pues entonces ahora pretenden traer números distintos, porque ellos por su cuenta, la Autoridad y el gobierno central, mandaron a hacer unos estudios actuariales distintos. Ahora, basado en unos estados financieros que no son los correctos, quieren que eso se actualice. Que se corrijan los números de los estudios hechos en esos años 2015, 2016 y 2017', denunció Rodríguez Ortiz.

Entre los síndicos de la AEE, los jubilados se quejaron del desempeño de Juan Carlos Adrover Ramírez y Sammy Rodríguez Ortega, por apoyar la apropiación del retiro por parte del Gobierno.

Según Rodríguez Ortiz, la cantidad mínima de dinero que ganaría el Sistema de Retiro --es decir, la suposición actuarial-- en lo que a su grupo compete es de 8%.

'Claro, el rendimiento está muy por encima de eso, pero entonces ellos quieren reducirla a menos del cinco por ciento, de manera que la deuda actuarial, la cantidad de dinero que el Sistema de Retiro tendría que recibir en pagos de la Autoridad a un plazo de 25 ó 40 años, aumente monumentalmente para declarar el sistema en bancarrota y confiscar el fondo', explicó.

El primer encuentro legal será una vista de interdicto en San Juan el 4 de abril.

Durante la manifestación, y mientras se desplazaban por la calle, los jubilados corearon cosas como 'juntos aquí lucharemos por la pensión que merecemos', 'el mensaje del piquete: que mi pensión se respete' y 'los derechos conquistados nunca serán confiscados'.

En el transcurso de la jornada cuestionaron el salario del recien designado director ejecutivo de la AEE, Walter Higgins, quien encabezará la corporación pública por $450,000 y otros beneficios.

'Pero no estamos quebrados para pagarle un salario de $450,000 a un director ejecutivo importado que venga a hacer lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y quien es Higgins? Es un inversionista y empresario. Tiene plantas en Nevada, es un inversionista de la industria del gas. Mientras estuvo en las Bahamas, mientras el Gobierno aquí se jacta de energía renovable, trajo un funcionario que en las Bahamas instaló cero paneles solares porque el negocio de el es el gas natural', señaló, por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (Utier).

En su alocución, de unos diez minutos, resumió que desde el 2014 el Gobierno se ha dedicado a coartar los beneficios y derechos de los trabajadores, particularmente con la implementación de la Ley 66, la reforma laboral del año pasado, y su intensificación --según anunciada por el Gobernador hace unos días-- que propone la reducción de licencia de vacaciones y la licencia de enfermedad, y la eliminación del Bono de Navidad.

'La Junta de Control Fiscal (JCF) viene a quitarnos derechos, a quitarnos la pensión, a quitarnos la tranquilidad, la felicidad, a llevarnos a la pobreza para que en dos años más sigamos pidiendo prestado. Eso es lo que la Junta quiere hacer. La pregunta es, ¿nosotros se lo vamos a permitir? ¿Nosotros vamos a llevar a nuestras familias a la pobreza? ¿Nosotros vamos a luchar por una vida digna? La única alternativa ante eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, luchar en la calle', exclamó el portavoz.

Minutos despues de la demostración, la JCF anunció más cambios al sistema de pensiones. En su solicitud a Rosselló Nevares, pidieron congelar la acumulación de beneficios y mover a todos los participantes a un plan de contribución definida, y la reducción progresiva de beneficios hasta llegar a un 10%, distribuido entre todos los participantes, excepto para los que que queden por debajo de los $1,000 mensuales cuando se combinan sus pagos de retiro y de Seguro Social.

Los tribunales no serán los únicos espacios a los que llevarán sus reclamos, pues la manifestación era solo la primera de varias que pretenden realizar para mostrar su oposición a las medidas del Primer Ejecutivo.

Además de eso, el colectivo realizará una campaña de cara a las próximas elecciones para educar a sus miembros sobre las decisiones adversas de esta Administración que tanto los perjudican.