La Junta de Control Fiscal (JCF) informó hoy, martes, que realiza una revisión de los pronósticos de pensiones y las proyecciones de pagos que fueron certificados en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico hace semanas atrás.

Según argumentó el organismo que estableció una reducción de 10% para los pensionados del país, la revisión trabajada se hará con base a nueva información obtenida por la Junta. Sin embargo, el organismo no emitió detalles adicionales sobre los nuevos datos que aseguran tener. Tampoco informó si el nuevo paradigma podría significar una reducción mayor para los retirados.

Por el contrario, aseguraron que en o antes del 7 de diciembre, ofrecerán las nuevas proyecciones que acompañarán el Sistema de Retiro.

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'Al momento, la Junta... entiende que los pronósticos de pensiones y los pagos proyectados de PayGo en el Nuevo Plan Fiscal están subestimados y no debe confiarse en ellos hasta la divulgación pendiente', alegó el organismo creado bajo la Ley federal PROMESA.

El anuncio de la Junta surge precisamente luego de que sindicatos que representan a maestros y otros empleados públicos en Puerto Rico, presentaran una demanda en nombre de los miembros cuyas cuentas de retiro presuntamente han sido mal administradas por el Gobierno de Puerto Rico.

La acción fue presentada en Tribunal federal de quiebras de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA y solicita un interdicto y sentencia declaratoria a favor de los empleados públicos, tomando en cuenta la propia admisión del Gobierno de que no se han implementado las disposiciones de la Ley 106 de 2017 de Puerto Rico. Bajo esta ley, el Gobierno debía crear y proteger en cuentas individuales las contribuciones definidas de retiro de miles de empleados públicos representados por los sindicatos.

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No obstante, tras la demanda presentada, el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, desmintió las alegaciones sobre incumplimiento con la Ley 106-2017, mejor conocida como 'Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos', contenidos en una demanda federal sometida empleados públicos unionados.

'Al día de hoy, las aportaciones individuales de nuestros servidores públicos se encuentran debidamente separadas y segregadas en una cuenta del BPPR bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Cada centavo que el empleado público ha aportado desde la creación de la ley 106-2017 está separado y custodiado en esa cuenta. Alegar que las aportaciones de los empleados públicos no han sido debidamente separadas es un planteamiento equivocado que se aparta de la realidad', insistió Collazo en una comunicación escrita que abordaba el asunto.