El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se pronunció 'de acuerdo' con la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que declaró ilegales los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF) y manifestó su preferencia sobre el tipo de intervención que debe tener una próxima Junta en el gobierno.

Sus expresiones, realizadas en una conferencia de prensa hoy, lunes, se centraron en que la decisión deja entrever las funciones indebidas que estos siete miembros han estado realizando a lo largo de tres años en los que ha estado constituido el organismo.

Mira tambien: Tribunal: La Junta de Control Fiscal está ilegalmente constituida

'Mi posición ahí es lo que establece claramente la decisión. Yo veo áreas donde estamos de acuerdo... Es que yo no soy el que la apelo, sería la Junta. Para mí la decisión es muy clara puntualizando un área de la inconstitucionalidad sobre cómo se llevaron a cabo los nombramientos y dejando entrever que los miembros se extralimitaron en sus funciones demostrando nuevamente lo que hemos ganado en varios foros judiciales, que esto es una Junta de Supervisión Fiscal, no de Control Fiscal. No deben tener intromisión de decir dónde y cómo es que se invierte', indicó Rosselló Nevares al respecto.

'Yo lo que espero y reitero es que nosotros podamos seguir ejecutando para el pueblo de Puerto Rico y eso requiere menos intromisión de la Junta. Y más acción al momento de reasignar prioridades', dijo tambien.

Lee tambien: Parca reacción de la Junta a decisión de Boston

El pasado viernes, el tribunal declaró ilegales los nombramientos de los miembros de la Junta, sin embargo, mantuvo la validez de la Ley PROMESA que habilitó a la JCF y creó la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para acogerse a una quiebra especial, lo cual no podía hacer antes de esa ley.

Pese a que entre los argumentos del Gobernador se esbozó que la decisión demuestra que la Junta no debe tener 'intromisión' de decir dónde y cómo se invierte el dinero del Gobierno de Puerto Rico, el tribunal declinó declarar ilegal todos los actos que la Junta ha realizado hasta ahora en el proceso de quiebras, como le pidieron los demandantes Aurelius Investment, LLC., un fondo buitre, y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER).