La Junta de Control Fiscal (JCF) entró en acuerdos confidenciales con suplidores y entidades relacionadas a la emisión de bonos en exceso del límite constitucional, confirmó la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko. Sin embargo, la misma Jaresko indicó que hasta ahora, los acuerdos son confidenciales por lo que no revelarán con quienes se logró pactar.

En la misma línea, la pasada semana el organismo radicó demandas para recuperar unos mil millones de dólares de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional, mientras que tambien se radicaron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.

'Hay un número de firmas con las que se llegaron a acuerdos. Todos los acuerdos son confidenciales, por lo que no puedo decir cuántos son… No puedo hablar sobre quien entró en un acuerdo y quien no', dijo Jaresko durante una mesa redonda con periodistas realizada este lunes.

Aunque se le preguntó en varias ocasiones si había firmado acuerdos con bancos o firmas de abogados, la funcionaria continuó declinando hablar.

De acuerdo con Jaresko, la intención del recurso que se había sometido es evitar que el gobierno entre en endeudamiento, lo que dará en el futuro mayor confianza a los acreedores de que se aprendió la lección y que no ocurrirá nuevamente, en referencia a la deuda pública que abarca los más de 70,000 millones de dólares. La funcionaria explicó que, por el termino impuesto por el Tribunal, se incluyeron en la demanda todas las transacciones que levantaron bandera por aparentes irregularidades en los pagos. Si algún suplidor entiende que recibió pagos de acuerdo con la ley, deberá someter la evidencia.

'Si los suplidores piensan que todo se hizo de forma apropiada…deben mostrar los documento. Si los pagos se hicieron conforme a la ley no hay problema', puntualizó Jaresko.

De otra parte, Jaresko cuestionó la acción del gobierno de aprobar 24 resoluciones conjuntas autorizando el gasto gubernamental de más de $30 millones utilizando partidas presupuestarias de años anteriores. Según esta, las mismas son inválidas bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles). En esa línea, Jaresko sostuvo que el gobierno no puede utilizar partidas de años anteriores porque no son visibles, es decir, no hay certeza de que las mismas esten disponibles.

'El proceso tiene que ser transparente', acotó la Directora Ejecutiva del ente fiscalizador.

Jaresko dijo que recibió y leyó la carta del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino a la que hizo referencia el gobernador, pero la información ofrecida no atiende las preocupaciones esbozadas por la Junta.

Sostuvo que la administración de Ricardo Rosselló no le ha dado información específica sobre los fondos provenientes de partidas de años anteriores que comprometen dichas resoluciones conjuntas y cuánto de ese dinero se ha gastado. 'Nosotros no sabemos, porque no me han provisto de ninguna información de que se ha realmente se ha gastado o no', insistió Jaresko.

De igual forma, defendió el acuerdo logrado con los bonistas de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) porque supone un 'ahorro para la corporación pública' pese a que el mismo supone tambien un alza en la tarifa para los abonados.