La magistrada Judith Dein, que preside ciertos asuntos dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, aceptó la solicitud del gobierno para mantener confidenciales algunas comunicaciones en las que el exrepresentante del gobernador Ricardo Rosselló en la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez Sifonte, participó con relación al manejo de las pensiones y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).

La determinación ocurrió despues de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el gobierno y la propia ASR se opusieran a una solicitud del Comite de Acreedores Asegurados de la ASR para obtener acceso a una serie de documentos y comunicaciones, incluyendo comunicaciones en las que había participado Sánchez. El argumento esgrimido por las agencias de gobierno fue el privilegio ejecutivo.

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El Comite inicialmente argumentó que el privilegio ejecutivo, una figura que sólo aplica a actores que sean funcionarios del gobierno, no le aplicaba a Sánchez porque este era 'un consultor que no era empleado por el gobierno'. El licenciado Madhu Pocha, del bufete O'Melveny & Myers LLP, abogados de AAFAF, sometió una declaración sobre que las comunicaciones de Sánchez objeto de la solicitud habían ocurrido dentro del tiempo en que sirvió como representante del Gobernador ante la JCF. Las partes no objetaron la declaración y la magistrada la aceptó. El comite buscaba acceso a las comunicaciones en su esfuerzo de conocer de que manera pueden proteger los activos y fondos de Retiro para garantizar su eventual cobro.

El representante del Gobernador ante la JCF es una figura creada por la Ley PROMESA que no se somete a autoridad alguna que no sea exclusivamente al Gobernador. El nombramiento de Sánchez a la posición provocó cuestionamientos por su condición de abogado cabildero activo y por su exrol como director de la campaña de Rosselló, pero el mismo Rosselló rechazó en una entrevista con NotiCel el ponerle más controles a su representante o el someterlo al escrutinio de entidades como la Contraloría o la Oficina de Ética Gubernamental. Sánchez sometía, como otros miembros de la JCF, un informe financiero, pero el mismo fue señalado como deficiente. En resumen, Sánchez fue representante personal del Gobernador ante la Junta entre el 2 de enero de 2017 y el 20 de julio de 2017 sin abandonar su práctica, confidencial por ser privada, de abogado cabildero.

Aunque no se otorgó acceso a las comunicaciones, se tiene información mínima sobre ellas por la obligación del gobierno de hacer un desglose de los tipos de comunicación e información solicitadas por el comite.

Según el desglose, las comunicaciones versaban sobre pagos de bonos de Retiro y de COFINA, estrategia para litigio con los bonistas de Retiro, borradores de planes fiscales, legislación sobre pagos a retirados (como el sistema actual de PayGo), análisis financiero de reforma de Retiro, y borradores de legislación.

Aunque en este caso la magistrada aceptó como buenas las afirmaciones de que la función de Sánchez era gubernamental y por eso le aplicaba el privilegio, el Centro de Periodismo Investigativo ha identificado correos electrónicos en los que, meses despues de renunciar a la representación del Gobernador ante la Junta, a Sánchez se le copiaba en comunicaciones del gobierno con funcionarios federales.

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