El nuevo contrato con la empresa CoreCivic para albergar confinados puertorriqueños en el estado de Mississippi como parte del programa de traslados propuesto por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ahora costará $55 millones a la agencia por un periodo de cinco años.

Pero, aunque ese nuevo costo refleja una reducción significativa en comparación con el primer contrato que evaluó la Junta de Control Fiscal (JCF) y que ascendía a $125 millones por cinco años, la única opción para traslado sería el Tallahatchie County Correctional Facility, ubicada en el estado de Mississippi.

El nuevo costo es resultado de una modificación solicitada por la Junta para revisar la cantidad de confinados proyectados a participar en el programa, una cifra que inicialmente contemplaba el traslado de entre 1,000 y 1,200 prisioneros. A pesar que el secretario del DCR, Erik Rolón, aseguró que unos 1,194 confinados expresaron interes en participar en el programa, optó por reducir el número proyectado de confinados a participar en la primera fase del programa para cumplir con los objetivos fiscales.

'Las fases no cambian, los terminos de años no cambian, lo que sí va a estar cambiando va a ser la primera fase. Primero habíamos dicho una proyección de 1,000 confinados, decidimos ajustarlo a 500', indicó Rolón a NotiCel, añadiendo que el costo diario para mantener un confinado (per diem), sigue en $60.55.

El programa de traslados persigue una mejor optimización de los recursos del DCR, que según el plan fiscal del gobierno central tiene un número mayor de personal relativo a otros sistemas carcelarios en otros estados. Para remediarlo, propusieron el cierre de 9 cárceles para así ahorrar hasta $558 millones en un periodo de cinco años.

Sin embargo, las prisiones que cerraría el DCR aún no se han decidido y dependerán de los confinados que finalmente se acojan al traslado a Mississippi. En ese sentido, Rolón explicó que en la medida que los confinados se acojan al programa, evaluarán las cárceles con menor población penal para trasladar a esos confinados a otras instituciones con mayor espacio y cerrar la institución originaria de esos presos.

'No es lo mismo que se acojan 500 confinados de mínima, a que se vayan 500 confinados de máxima o que se vayan en una combinación de red custodia. Recuerda que yo no miro a los confinados por número, aquí los confinados tienen unas clasificaciones y yo no puedo colocar confinados de mínima con confinados de máxima', explicó Rolón.

Actualmente, el DCR cuenta con un sistema de 29 cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad. De esas 29 cárceles, 20 cuentan con menos de 500 confinados.

El Secretario del DCR indicó que el programa de traslados entraría en vigor dentro un periodo de 30 o 60 días luego que la JCF emita una decisión sobre el contrato.

Sin embargo, el Tallahatchie County Correctional Facility tambien ha sido eje de controversia recientemente por recluir inmigrantes detenidos por Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en ingles). En verano del año pasado, el U.S Marshalls Service otorgó un contrato a CoreCivic para albergar hasta 1,350 detenidos federales, luego que el estado de California optara por remover 1,300 de sus confinados de la cárcel de Tallahatchie por motivos de presupuesto.

A mediados de febrero de este año, un reporte del Clarion Ledger -un medio del estado de Mississippi- reportó que aproximadamente 600 inmigrantes están recluidos en Tallahatchie, producto de detenciones de ICE en la frontera entre Estados Unidos y Mexico. Por otra parte, un artículo del medio digital Mother Jones describe a la institución como una parada para aquellos inmigrantes que buscan asilo político en Estados Unidos antes de que sean trasladados a otras instituciones de detención para llevar su caso a una corte de inmigración.

Rolón descartó que los confinados del DCR a trasladarse a esa cárcel se mezclen con otras poblaciones penales de otros estados, señalando que el propuesto contrato con CoreCivic lo establece así. Sostuvo además que la agencia sostendrá reuniones mensuales con el personal de Tallahatchie y habilitarán un canal de comunicación con los confinados para que puedan informar cualquier violación o inquietud sobre el traslado.

Sobre las denuncias lanzadas por la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), señalando el programa como uno que incumple con las normativas del DCR para llevar a cabo traslados, a juicio de Rolón la entidad realizó una interpretación para mal informar. Sostuvo que el reglamento interno del DCR sobre traslados solo aplica en casos de riesgo de peligro al confinado o la comunidad penal, asuntos que se circunscriben al entorno de la seguridad. En ese sentido, indicó que los traslados, en este caso, tienen un fin dirigido a la rehabilitación del confinado.

'Aquí no estamos hablando de que ese reglamento aplica para programas de rehabilitación nuevos como estamos haciendo. Igualmente toca otras situaciones, pero cada una de ellas cuando tus las miras, lo que atienden son aspectos de seguridad, no atienden aspectos de rehabilitación. Así que ese reglamento en nada tiene que ver con el programa 'out of state', porque el programa 'out of state' es un programa de rehabilitación en el cual el gobierno de Puerto Rico va a tener un beneficio de eficiencia', manifestó el Secretario del DCR.