Ya encaminado a Fortaleza luego que la Cámara de Representantes emitiera un último aval , el proyecto del Senado 1121 establecería la política pública energetica del G obierno de Puerto Rico para así aclarar y determinar las obligaciones que en adelante asumirá tanto la Autoridad de Energía Electrica (AEE) como las compañías privadas que adquieran los activos de generación del sistema electrico y la red de transmisión y distribución .

El proyecto de 125 páginas delinea las aspiraciones de un sistema electrico moderno , centrado en una tarifa ' aspiracional ' menor de 20 centavos, el desfase de unidades generatrices que operan con carbón y una serie de metas para aumentar la influencia de energía renovable sobre el portfolio de generación del sistema.

El proyecto tambien anticipa la ratificación de una Alianza Público Privada para la concesión del sistema de transmisión y distribución -cuyos pasos de licitación está en proceso todavía - y además vuelve a modificar los terminos de los integrantes de la Junta de Gobierno de la AEE.

A continuación , te explicamos algunos de los cambios que trae el proyecto :

Siete 'mandamientos' para el nuevo sistema electrico

A modo de sentar la filosofía detrás de las decisiones que impactarán la operación, mantenimiento y modernización del sistema electrico , la medida contempla siete principios rectores que guiarán el razonamiento de la corporación pública y las empresas energeticas. Estos son: eficiencia en el uso del recurso y que sea a menor costo , que cumpla con requisitos de calidad y confiabilidad , continuidad del servicio , adaptabilidad en tecnología , imparcialidad hacia todos los consumidores , solidaridad en el diseño de una tarifa asequible y equidad para promover una cobertura de servicio adecuada y equilibrada .

La tarifa ' aspiracional '

Aunque la reducción en la tarifa energetica supone ser la razón de la propuesta privatización del sistema electrico , la medida solo aporta una pretensión , un intento para alcanzar una tarifa de 20 centavos el kilovatio hora. Esa meta se consigna en el plan fiscal de la AEE, sin embargo, el proyecto de ley designa al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) la responsabilidad de garantizar la razonabilidad de los cargos a clientes, consistentes con prácticas fiscales y que lleven a un servicio confiable.

La ' tarifa aspiracional ' está dentro de los objetivos iniciales de la política pública energetica , y dispone además que sea mediante ' energía limpia , moderna y confiable que sea la base del desarrollo económico sostenible de la isla '.

Metas para expansión de renovables

Las metas actuales a largo plazo para la ampliación de fuentes de energía renovables se tornan aún más audaces . Con esta política pública , se apunta a diversificar la energía renovable dentro el sistema a un mínimo de 40% para el 2025, 60% para el 2040 y 100% para el 2050.

A modo de alcanzar esa meta, la medida posibilita un proceso expedito de permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos ( OGPe ) para proyectos de energía renovable . Se establece un periodo de 60 meses a partir de la aprobación del proyecto para que la OGPe atienda toda solicitud de permisos , consultas, variaciones , endosos , certificaciones , concesiones y autorizaciones para este tipo de proyecto .

Gas natural como el combustible de preferencia

Aunque la dirección de la AEE ha abrazado el gas natural como el combustible de transición del sistema electrico -una transición que supone llevar a las fuentes renovables -, la nueva política pública dispone que las unidades existentes que operen a base de combustible fósiles sean convertidas para trabajar con gas natural y otro combustible fósil.

Esta dirección persigue minimizar el impacto ambiental de estas unidades de generación y mejorar la integración de generación distribuida y de fuentes renovables .

Terminos más largos para miembros de la Junta de Gobierno AEE

La composición de la Junta de Gobierno de la AEE vuelve a trastocarse con el proyecto , particularmente con los miembros designados por el g obernador . Con esta medida , la Junta sigue con 7 miembros , pero el gobernador nombraría a 3 integrantes que serán seleccionados de una lista de 10 candidatos preparada por una firma de búsqueda de talento , de los cual 5 serán residentes de Puerto Rico.

De los 3 miembros a ser electos por el gobernador , uno de ellos se clasificará como ' miembro independiente ' con un termino fijo de 5 años y los otros dos tendrán terminos de 6 años . Sin embargo, esos dos miembros serían de libre remoción y podrán ser sustituidos en cualquier momento.

El lenguaje relacionado a la elección del representante del consumidor no se altera , disponiendo que sea electo mediante un proceso supervisado por la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman).

Fechas clave para desfase de carbón, instalación de luminaria pública y metas de renovables

A partir de la aprobación de la política pública , comienza un conteo regresivo para eliminar toda la generación de energía a base de carbón. La medida ordena descontinuar la quema de carbón para generar electricidad a partir del 1 de enero del 2028. Esa fecha además aplica para la renovación de permisos o enmiendas a contratos existentes con generadoras .

Para dos años despues , en el 2030, la AEE debe reemplazar al 100% toda la luminaria pública por bobillas LED, una medida que la corporación pública ha dicho está trabajando .

Para el 31 de diciembre del 2020, la medida ordena a la AEE a transferir la administración de sus activos de generación , velando a la vez que ninguna compañía asuma más de 50% de la generación del sistema. Mientras que antes que culmine el año , para antes del 31 de diciembre , la AEE debe terminar el contrato de alianza para la concesión del sistema de transmisión y distribución .

Por su parte , el NEPR tambien debe entregar antes que culmine este año un informe sobre el impacto del mecanismo de contribuciones en lugar de impuestos (CELI) cuyo beneficiario primario son los municipios .

NEPR con más dinero y más obligaciones

Por otra parte , el presupuesto de la NEPR aumentaría de $5 millones anuales a $20 millones anuales . Mientras que las compañías privadas que entren al mercado estarán sujetas a un cargo no más alto del 0.25% de su ingreso bruto anual por prestar servicios .

Al Negociado tambien se le ordena estudiar los costos y beneficios asociados al programa de medición neta , las tecnologías de generación distribuida , energía solar a menor escala y los sistemas de almacenamiento de energía . Ese estudio debe llevarse dentro de cinco años tras la aprobación de la política pública y posterior a ese plazo el NEPR podrá tomar cualquier determinación en relación al programa de medición neta y las tarifas aplicables .

La entidad reguladora tambien tendrá que evaluar toda solicitud de imposición de cargos por parte de las compañías privadas . Lo mismo aplica para solicitudes de ajustes temporeros y tarifas provisionales , facultades que actualmente mantiene el Negociado.