La controversia por el traslado repentino del piloto José Estrada Almodovar, adscrito a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), no solo incide sobre los llamados a favor de la destitución de la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, sino que pone al descubierto la resistencia de la Policía de Puerto Rico a la superioridad administrativa del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Pese a que el secretario del DSP, Elmer Román González, manifestó la semana pasada que el traslado del piloto al cuartel de Morovis se justificaba por haberse negado a volar un helicóptero de FURA para recoger a Pérez, durante su ponencia ante el Senado el martes informó al Alto Foro que impartió instrucciones para dejar sin efecto el traslado de Estrada Almodovar.

Dicho traslado fue exclusivamente autorizado por el propio comisionado de la Policía, Henry Escalera, quien indicó durante la misma vista pública que se trataba de una medida cautelar, mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Dicha investigación sigue en curso y debería finalizar dentro un termino de 45 días.

En términos jerárquicos, la sombrilla del DSP es el ente encargado de ejercer funciones de supervisión a las agencias que tiene bajo su jurisdicción, incluyendo a la Policía. Sin embargo, el traslado de Estrada Almodovar no figura ser la primera vez que el comisionado Escalera emite una directriz sin antes consultar su viabilidad con el DSP.

Relacionada también con traslados y pilotos, Escalera confrontó señalamientos en el caso de la Reforma de la Policía por tomar represalias contra pilotos de FURA que se negaron a trasladar al entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, para viajes placenteros. En ese entonces, el DSP estaba al mando de Héctor Pesquera.

Una segunda instancia de aparente desfase comunicativo entre la Policía y el DSP trascendió poco después del despido del secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, y en respuesta a los señalamientos explosivos que hizo su hijo Raúl Maldonado Nieves, sobre corrupción dentro la administración Rosselló Nevares. Las expresiones de ‘Raulie' provocaron una inusual movida por Escalera, iniciando una investigación contra él y posteriormente publicando un listado de todas las armas de fuego que poseía.

Tras una comparecencia de los dos Maldonado junto a su abogada Mayra López Mulero al cuartel general, Román González anunció que esa pesquisa culminó.

La renuncia de Rosselló Neváres desató otra polémica en la Policía, esta vez con la asignación de tres agentes de escolta para que acompañaran al exmandatario fuera del país. Pese a que los exgobernantes solo tienen derecho a una escolta provista por la Uniformada cuando están dentro de Puerto Rico, Escalera se amparó en el alegato de que Rosselló Neváres estaba bajo amenaza de muerte, por lo que se justificaba la movida.

Aunque Román González insistió que se trataba de una medida temporera, posteriormente señaló que llevaría a cabo una revisión a las regulaciones de escoltas para mejorar la consistencia de las tareas de esos agentes.

Cuestionado sobre qué medidas tomará en relación al traslado autorizado por Escalera, el Secretario del DSP afirmó que evaluará las acciones que tomará junto a la gobernadora Wanda Vázquez para ver cómo procede. No obstante, no descartó la posibilidad de destituir al Comisionado de la Policía.