Varias organizaciones sindicales se opusieron a la confirmación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado basándose en la relación profesional del nominado con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas se oponen debido a sus vínculos con la controversial empresa carbonera AES.

La Central Puertorriqueña de Trabajadores, por ejemplo, afirmó que una de las luchas más fuertes que han tenido los trabajadores puertorriqueños ha sido contra la JCF.

'Todos sabemos los vínculos que tiene el licenciado Pierluisi con esta junta… todos conocemos la agenda de la Junta de Control Fiscal para reducir dramáticamente las pensiones de los retirados del gobierno y la reducción dramática en las aportaciones para el pago de los planes medicos. Además, el señor Pierluisi formó parte del proceso de las alianzas público privadas tales como Metropistas, Aerostar y ADS y ahora las representa legalmente', dice la carta de la unión firmada por su presidente Pedro Irene Maymí y dirigida al presidente cameral, Carlos 'Johnny' Mendez.

Tambien la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Electricas se opuso a Pierluisi alegando que el nominado mantiene sus vínculos con la JCF y que de ser confirmado 'afectaría enormemente los mejores intereses de la clase trabajadora de Puerto Rico'.

De igual manera, el Capítulo de Jubilados y Jubiladas adscrito a la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) manifestó su oposición al nombramiento de Pedro Pierluisi como Secretario de Estado, basado en la misma razón.

'Pierluisi es abogado de la Junta de Control Fiscal y está comprometido con el recorte de las pensiones de los jubilados', argumentó Pedro Pastrana Ortiz, portavoz de los maestros retirados.

'La Junta de Control Fiscal ha negociado con un comite que no representa a los jubilados el recorte de un 8.5% a las pensiones de aquellos que reciban más de $1,200.00 mensuales y se ha negado a definir los servicios esenciales que deben ser protegidos antes de pagarle a los bonistas buitres', señaló Pastrana Ortiz.

Tambien, organizaciones ambientalistas ven peligrosa la confirmación de Pierluisi.

Líderes de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas (Resistencia RCC) rechazaron el nombramiento, esta vez debido a sus vínculos con la controversial empresa carbonera AES.

Según el Registro de Cabilderos del Senado de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi aparece como funcionario autorizado de la firma O'Neill & Borges y entre sus clientes está la empresa AES Puerto Rico.

Tanto Pierluisi como la firma O'Neill & Borges, aparecen registrados el 2 de febrero de 2017, mes en el cual la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales comenzó una serie de vistas públicas sobre tres proyectos que buscaban prohibir el uso de las cenizas tóxicas de carbón en Puerto Rico, producidas por la AES.

Finalmente, contrario a la intención original de los proyectos sometidos, la Ley 40-2017 permitió continuar el depósito de cenizas tóxicas en los vertederos de Puerto Rico.

'Mientras los nefastos Ramón Rosario y Alfonso Orona (ambos participantes del trágico chat de Telegram) utilizaban sus puestos como asesores del gobernador para proteger a las empresas EC Waste y AES, Pedro Pierluisi hacía lo suyo cabildeando en el Senado para detener la prohibición de las cenizas, velando los intereses de la carbonera. Pierluisi es tan culpable como Ricky Rosselló, por los 18 operativos que la policía realizó en Peñuelas y Guayama, protegiendo y escoltando los camiones con cenizas tóxicas de la AES. Definitivamente, Pierluisi no puede ser Secretario de Estado y mucho menos gobernador', expresó Yanina Moreno Febres del Campamento contra las cenizas de Peñuelas.

Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, del Comite Diálogo Ambiental de Salinas, resaltó cómo las empresas que favorecen el uso de cenizas tóxicas diversifican la forma en que influencian sobre los gobiernos.

'Ahí tienes como la familia de Roberto Prats Palerm son dueños y accionistas de los vertederos en Peñuelas que recibieron las cenizas, y bajo la pasada administración del PPD se engavetó en el Senado el proyecto para prohibir esos desperdicios tóxicos. Ahora vemos como bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, todos estaban conectados con AES, incluyendo a Pierluisi, cabildeando en contra de los intereses del pueblo y las comunidades afectadas por las cenizas tóxicas. Hasta Ángel Cintrón García, exsecretario general del PNP, aparece como cabildero de AES en el Senado y la Cámara de Representantes', explicó Alvarado.

Por último, Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sureste (ACASE), exigió que aquel que vaya ocupar la gobernación tiene que trabajar por el pueblo.

'Vemos que los cómplices de la criminal AES son tambien políticos corruptos del PNP y del PPD. Todos han obviado mirar la crisis de salud que está ocurriendo en las comunidades de Guayama, cercanas a la planta de carbón, y los pueblos como Humacao, Peñuelas y Salinas donde se han depositado cenizas tóxicas. Necesitamos un gobernador que trabaje por el pueblo y no para la empresa AES. Obviamente, Pierluisi no es esa persona', finalizó Boyle.

De igual modo, integrantes del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, VAMOS, Dignidad, entre otras organizaciones sociales, exigieron el viernes a la Legislatura rechazar cualquier sustituto del Gobernador que sea sello de goma de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Las expresiones surgieron ante las vistas de confirmación de Pedro Pierluisi para secretario de Estado y eventual sustituto del saliente gobernador, cuya renuncia es efectiva a las 5:00 de la tarde del viernes.

'Pierluisi tiene un serio conflicto de intereses para el rol de gobernador y no representa el reclamo de cambio que pide el pueblo. Pierluisi fue propulsor de la Ley PROMESA, ha sido abogado y cabildero de la Junta de Control Fiscal, incluyendo los acuerdos de COFINA y AEE, tiene relación cercana con Jose Carrión III, y ha recibido donaciones de bonistas buitres de Wall Street', expresó en declaraciones escritas, Eva Prados Rodríguez, abogada y portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

Por su parte, el planificador Jose Rivera Santana, tambien portavoz del Colectivo Dignidad, reclamó que lo menos que necesita el país es tener un cabildero de PROMESA y de la Junta como gobernador.

'Las decisiones de la Junta han creado las condiciones para más endeudamiento y corrupción. Además, promueven políticas de privatización, pues la privatización de bienes y servicios es lo que está al fondo de los casos recientes de corrupción en el Departamento de Educación y ASES', advirtió Rivera Santana.