La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contiene la posibilidad de que el gobernador vete una ley con la que no este de acuerdo, en aras de mantener una separación y balance entre los poderes de las ramas del gobierno, en especial entre el legislativo y el ejecutivo.

Según explicó a NotiCel el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y especialista en Derecho Constitucional, Carlos Ramos, 'La Asamblea Legislativa puede aprobar las leyes necesarias para el bienestar del país, pero el Ejecutivo puede a su criterio vetar una ley que entienda no es en beneficio del país'.

Hay dos tipos de veto que puede ejercer el Ejecutivo:

Veto expreso - El gobernador tiene 10 días a partir del recibo del proyecto de ley para decidir si lo firma o no. Si lo firma se convierte en ley de inmediato, si no explica mediante una carta a los presidentes legislativos sus fundamentos para vetar la medida.

Veto de bolsillo - Si pasan 10 días sin que se haga nada con una medida, se entiende que el proyecto está vetado. La ley simplemente no existe y no hay que dar razones o explicaciones para no haberla firmado. Si la Asamblea Legislativo quiere insistir en el mismo, puede volver a radicarlo.

¿Cómo puede la Legislatura ir sobre el poder de veto del gobernador?

Si tanto Cámara y Senado consiguen dos terceras partes de los votos de todos sus miembros, 'La Constitución tambien establece que el poder legislativo puede ir por encima del veto del gobernador si votan e insisten en ese proyecto que enviaron tal y como está, entonces eso se convierte en ley a pesar de que el gobernador lo vetó', detalla Ramos.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares lleva tres vetos durante su administración, a saber: los proyectos 1035 y 1036 de la Cámara así como el proyecto del Senado 489, que perseguían adoptar nuevas leyes de menores y de justicia juvenil; y en dos ocasiones el proyecto de la Cámara 1018, conocido como la Ley de Libertad Religiosa.