El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz elevó a un referido por posible comisión de delito lo que a todas luces parece ser un chisme o pugna personal entre su ayudante y estrecha colaboradora María Dolores 'Lolín' Santiago Rodríguez y la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, según se desprende de la resolución emitida por la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) archivando el caso.

El panel sobre el FEI archivó el referido que hiciera en noviembre pasado la Comisión de Asuntos Federales del Senado contra Burgos Andújar por presuntamente intimidar a Santiago Rodríguez, expresidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) e intentar que esta alterara la hora en que recibió la certificación de escrutinio final del plebiscito de estatus de 2018.

De acuerdo con la resolución, el informe realizado por el abogado investigador del OPFEI, Rafael Sánchez Hernández, redujo el referido senatorial a 'una discusión fuerte' por diferencias entre 'dos profesionales de primer orden' en la que no hubo comisión de delito.

'Concluida su investigación, luego de examinar toda Ia prueba recopilada, el abogado investigador considera que no existe evidencia que demuestre que la señora Burgos Andújar cometió los delitos que se imputan como posibles violaciones, a la luz de los hechos expuestos. Su apreciación es que se trata de dos profesionales de primer orden, sumamente inteligentes, la señora Santiago Rodríguez y la señora Burgos Andújar, con rasgos muy evidentes de esgrimir una firme defensa de lo que consideran correcto, cada cual con un criterio muy propio, que las llevó a no poderse poner de acuerdo', lee la resolución suscrita por Nydia Cotto M. Vives, Ruben Velez Torres e Ygrí Rivera Sánchez, presidenta y miembros del PFEI, respectivamente.

El informe parcial de la comisión senatorial presidida por Rivera Schatz le imputaba a Burgos Andújar varias violaciones de ley basada en dos declaraciones juradas de Santiago Rodríguez y su asesor legal, Carlos Felipe Vera Muñoz, en la que se relataban los hechos ocurridos el 25 de julio de 2017 en los que la entonces Comisionada Electoral del PNP pretendía que Santiago Rodríguez certificara los resultados del escrutinio del plebiscito de 2017 pese a que había una orden judicial para paralizar los procedimientos.

Incluso se ubica a Burgos Andújar sugiriendo que Santiago Rodríguez alterara la hora del ponchador para burlar la orden de la jueza Lauracelis Roque Arroyo que paralizaba el escrutinio so pena de desacato, a lo que Santiago Rodríguez se negó.

No obstante, el referido del Senado parece haber sido una gran perdida de recursos ya que fue rechazado por el abogado investigador asignado por la OPFEI, que al revisar la evidencia concluyó que los hechos no tenían fundamentos legales.

'Resulta medular la conclusión del abogado investigador consignada en su informe, en el sentido, de que ambas funcionarias --de primer orden-- no pudieron, en el fragor de la discusión, armonizar sus diferencias, pero cuyos puntos de vista no constituían ninguna ilegalidad y estuvieron avalados por sus respectivos asesores', lee el documento con el que los miembros del PFEI dan por terminado el asunto.

El abogado investigador asignado por la OPFEI no solo sostuvo que del testimonio en las declaraciones juradas que fundamentaban el informe del Senado ni de las entrevistas adicionales realizadas hay evidencia de que Burgos Andújar haya amenazado o intimidado a Santiago Rodríguez, sino que además dijo que Rivera Schatz, quien fuera por años comisionado electoral del PNP, refirió un delito que ya no existe.

En el informe de la comisión senatorial se le imputa a Burgos Andújar la posible violación del Art. 12.009 del Código Electoral relativo a la tentativa de alteración de documentos electorales, artículo que fue derogado.

Según el investigador tampoco hubo evidencia de que Burgos Andújar, con intención criminal, interviniera para que la presidenta interina no notificara a la CEE, a lo que no estaba obligada en Ley, ni pretendía que se burlara la orden judicial que paralizaba el escrutinio sino que se firmara la certificación porque ya el escrutinio había finalizado y la orden resultaba academica.

De posible comisión de delito, el investigador interpretó la pugna a lo que 'parece una discusión fuerte entre profesionales'.

Santiago Rodríguez, tambien conocida como Lolin, salió de la CEE por choques con Burgos, y desde entonces labora como jefa de Recursos Humanos en el Senado. Es una de las personas más cercanas al presidente legislativo, habiendo trabajado con el desde que el funcionario era comisionado electoral del PNP.

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