A la vez que ayer se celebraba que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes federal aprobó un paquete de financiamiento para el programa Medicaid de Puerto Rico de $12,000 millones en cuatro años, un grupo de senadores republicanos liderados por el influyente Chuck Grassley le comenzó a poner trabas a esa aprobación.

Grassley es presidente del Comité de Finanzas del Senado y los suscribientes son miembros de ese comité. Los requerimientos que presentaron son adicionales a controles mayores que la propia Cámara puso como parte de la aprobación en comité. Los fondos Medicaid financian el programa de salud pública Vital.

'Relacionado al financiamiento federal, y especialmente a la luz de las alegaciones recientes de corrupción, históricamente ha habido una falta de transparencia con respecto al uso de fondos Medicaid por parte de Puerto Rico.... Qué controles hay para monitorear y rendir cuenta por el financiamiento federal en el programa Medicaid de Puerto Rico?', dice la carta de los senadores que también pide al Departamento de Salud federal que clarifique una serie de puntos sobre el uso de fondos en Puerto Rico, incluyendo los sistemas bancarios para verificar los activos de los solicitantes del plan público.

La tesis de los senadores es que el aumento temporero de financiamiento de Medicaid que recibió la Isla durante la Administración Obama se hizo sin ninguna información o base racional para los cálculos. También proponen que 'ha ocurrido un aumento precipitado en el crecimiento del gasto en Medicaid durante un período en el que se ha registrado descenso en la población', por lo que levantan duda de los aumentos solicitados.

En conclusión, plantean que no tienen suficiente información para saber que los aumentos en gastos del programa Medicaid en Puerto Rico desde el 2011 han sido 'óptimos, justos o razonados'.

Además de Grassley, los senadores que suscriben la carta al secretario de Salud federal, Alex M. Azar II, son Mike Enzi, John Cornyn, Pat Toomey, James Lankford, Steve Daines y John Thune.

La semana pasada, la jefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, quien fue a testificar al Congreso en dos ocasiones como parte del esfuerzo para aumentar el financiamiento Medicaid, fue arrestada junto a la secretaria de Salud, Julia B. Keleher, el presidente de la firma de consultoría BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, el consultor Alberto Velázquez Piñol y otras dos personas por esquemas de fraude. En el caso de Ávila, se le acusa por su supuesta participación en un esquema mediante el cual BDO pagó comisiones a Velázquez Piñol por los contratos que este le procuraba a la firma en ASES desde su rol como consultor de la agencia.

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