Dos representantes del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron el domingo jugosos aumentos salariales a empleados de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sin antes tomar en cuenta que tanto administraciones rojas como azules son culpables del mismo pecado y siempre lo ilustran como un golpe sin precedentes a las finanzas públicas.

En síntesis, los representantes Javier Aponte Dalmau y José Aníbal Díaz Collazo denunciaron que la administración de la AAA – corporación pública presidida por Elí Díaz – ascendió a 12 funcionarios a puestos en los que devengan más en comparación con el sueldo para el mismo cargo durante la pasada administración. Paralelo a ello, resaltaron que de los 12, seis no poseen las destrezas para fungir el cargo.

Los principales funcionarios señalados fueron expuestos como activistas políticos que militaron a favor del actual gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, durante la campaña electoral, como también a los entonces candidatos del Distrito Senatorial de Arecibo – hoy los senadores Angel 'Chayanne' Martínez y José Pérez Rosa. Mencionaron al Director Regional Área Norte, José A. Rivera Ortíz, quien antes fungía como Supervisor de Administración a un sueldo de $67,999.88 y quien hoy devenga $128,349.78 sin tener los credenciales de ingeniero, según los legisladores rojos.

También señalaron a la hoy Subdirectora Regional Región Norte, Iris N. Rivera, anteriormente la Supervisora de Finanzas quien pasó de cobrar $47,350.00 a $103,000.00 en el presente. De mismo modo, la Subdirectora Regional Región Sur, Cherryl Ortiz McCormick, anteriormente Gerente de Planta y que cobraba $37,885, hoy devenga un sueldo de $103,000.00.

'Personas con muchísima experiencia y que conozco por más de una década como ingenieros jamás han tenido salarios de esta magnitud. Nosotros le hacemos un emplazamiento al señor gobernador que revise esto con el director ejecutivo de la AAA a toda vez que nosotros no le podemos hablar al pueblo de Puerto Rico que está esperando un posible tarifario mientras aquí se están pagando salarios escandalosos de personas que no tienen tan siquiera la experiencia y que tampoco tienen el adiestramiento técnico para hacer estas funciones', manifestó Aponte Dalmau en la sede de la Pava en Puerta de Tierra.

Misma situación, colores distintos

Históricamente, el aumento salarial a activistas políticos destacados en el servicio público ha sido una de las causas del debilitamiento fiscal de las dependencias del estado en la medida que drenan los recursos disponibles para nómina y fallan en cumplir sus labores de manera imparcial y para el bien del pueblo. Sin embargo, el acto de denunciarlo forma parte del repertorio de denuncias que tanto la Pava como la Palma presentan con motivo de causar indignación contra el partido de gobierno y hacer ver la minoría política como servidores de la justicia social.

A modo de ejemplo, en el 2014 el representante de en aquel entonces minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, denunció que en la Universidad de Puerto Rico (UPR) se otorgaron aumentos salariales a funcionarios de confianza de la Administración Central. Entre ellos, mencionó el entonces Director de Finanzas cuyo aumento fue de $90,000 a $150,000, la Directora de Retiro quien paso a tener un salario de $97,000 a uno de $145,000 y el ayudante especial del Director de Legales que devengaba $57,200 y se le aumentó a $80,000.

En el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el representante PNP, José Aponte Hernández, denunció en el 2014 el aumento salarial de la entonces directora, Lilliana Ramos Collazo, quien de devengar $38,000 anuales pasó a recibir $110,000. Entretanto, ese mismo año el representante Ángel 'Gary' Rodríguez denunció aumentos salariales de hasta 10% en la Compañía de Comercio y Exportación otorgados al personal de confianza del entonces director, Francisco Chévere.

El patrón no se limita a personal destacado en posiciones de confianza, sino que también se extiende a jefes de agencia, tanto en el pasado como en el presente. Durante la pasada administración uno de los casos más controversiales lo fue el de la exsecretaria de Hacienda y después expresidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, quien cobró $180,000 anuales en ambos cargos, cuando su predecesor en Hacienda cobró $137,000.

De hecho, en el caso de Acosta su liquidación de más de $85,000 también causó revuelo al ser denunciado por el hoy secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortes. De hecho, Rosario y otros funcionarios de la presente administración no están exentos de controversia a causa de sus sueldos, luego que trascendiera que este ahora cobra $11,000 mensuales a diferencia de los $9,167 que cobró su predecesor, Jesús Manuel Ortíz.

En el caso de la anterior secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, ella llegó a devengar $150,000 anuales y $4,500 adicionales por sus labores como anestesióloga en el Centro Médico. Ese puesto tiene un salario designado de $80,000 anuales.

Durante la presente administración también sonaron los nombres de la secretaria de Educación, Julia Keleher, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. Keleher fue contratada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a razón de $125,000 por los primeros seis meses del año y que se espera sea la misma cuantía para los restantes seis para un total de $250,000 anuales. Mientras la administración de gobierno concedió a Pesquera un salario de $248,500 anuales por sus servicios.